Políticas públicas para mujeres en retroceso

Especialistas en temas de género observan deficiencias y omisiones importantes en las políticas públicas a favor de las mujeres.

Las mujeres no son prioridad para el gobierno

Las políticas públicas a favor de los derechos de mujeres y niñas durante la presente administración han afrontado diferentes problemas como recorte de presupuesto, falta de transparencia y eliminación de programas prioritarios.

Por estas razones, especialistas afirman que las mujeres no forman parte de la agenda prioritaria de la 4T. Hasta el momento, las medidas para prevenir y erradicar la violencia se resumen en la implementación de un silbato o botones de pánico para pedir auxilio, hasta instrumentos como las alertas de género o programas sociales que deberían estar enfocados a reducir las desigualdades.

El problema, afirman, es que ninguno de estos programas fue diseñado con perspectiva de género ni tiene la intención de atacar las causas estructurales y sistemáticas que generan la violencia contra mujeres y niñas mexicanas.

Retroceso en materia de derechos de las mujeres

El gobierno lopezobradorista reporta un grave retroceso en los mecanismos de adelanto para mujeres debido a la manera en que se asignan los presupuestos, a la falta de transparencia y el diagnóstico, sí como la eliminación de programas que contribuyen a la autonomía y seguridad laboral.

La reciente desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, es el ejemplo más inmediato de estas deficiencias. Y no ha sido la única instancia eliminada.

El Instituto de Desarrollo Social (Indesol) que, entre otras cosas, se ocupaba de hacer convenios con colectivos que brindan protección a mujeres en situación de violencia también desapareció. En el caso de las Estancias Infantiles, comenta Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios, fue un duro golpe ya que trasladó el trabajo de cuidados principalmente a las personas adultas mayores.

“Esto, sumado a las constantes deslegitimaciones que ha hecho este gobierno ante los movimientos feministas, ante las exigencias de protección de los derechos de las mujeres y niñas desaparecidas, víctimas de feminicidio; esto nos lleva a estar en una situación de emergencia nacional, en la que, sin duda, hay una mirada misógina que sigue perpetuando las violencias contra las mujeres”.

Prioridad a políticas clientelares

Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indica que las transferencias monetarias compensan de manera momentánea el ingreso, pero no resuelven ni abren oportunidades reales a las mujeres, impidiendo el acceso a una autonomía económica.

“Pareciera que la apuesta por la igualdad y los derechos en la actual administración está en otorgar apoyos sociales o transferencias, y esto no responde a las diferentes necesidades de las mujeres”.

Las partidas presupuestarias para la igualdad están en el Anexo 13 del Paquete Económico, sin embargo, el 74% se destina a los programas sociales del gobierno, principalmente becas y Bienestar. “El sobrante” se reparte en más de 80 programas que están distribuidos en 26 secretarías, que incluyen salud sexual y reproductiva, y a la atención a víctimas de violencia de género.

Claudia de Anda, coordinadora de Gestión Institucional y del Conocimiento de Fundar, lamenta que estrategias en vez de tener un enfoque de género, feminista y estructural, tienen uso político.

“No basta con el argumento de que en los programas sociales las mujeres son mayoritariamente las beneficiarias, porque sabemos que estos dos problemas (violencia y desigualdad) son estructurales y sistemáticos; se requiere de múltiples estrategias para garantizar que tanto el diseño de las políticas públicas como del presupuesto realmente cumplan su fin”.

La trampa de un “mayor presupuesto”

En este rubro, el presupuesto para 2022 es actualmente es de 232 mil 384 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 74.6% con respecto a lo aprobado en 2021. No obstante, la distribución de ese presupuesto es tramposa.

“Se debe a todos esos programas sociales del gobierno que reparten el dinero entre el padrón de mujeres. La mayoría del presupuesto, por ejemplo, se lo lleva el programa de Adultos Mayores, en cuyo caso puede ser el que más beneficie a las mujeres, pero tiene un gran problema: no se está focalizando y no necesariamente está llegando a las mujeres que más lo necesiten”.

Por ejemplo, el recurso destinado al programa de los Adultos Mayores creció en 105%, sin embargo, hay una reducción del 5% en el de Atención a Víctimas de Violencia de Género.

Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sostiene que en el Anexo 13, dentro del Presupuesto 2022, están incluidos 12 programas sociales prioritarios del gobierno.

“Pero si quitamos el presupuesto de los programas prioritarios, el anexo se quedaría únicamente con 24,700 millones de pesos (mdp), y el crecimiento en 2022 contra 2021, sería en realidad del 18%”.

En el caso de los refugios, hasta marzo de este año, todavía no se ha firmado un convenio de colaboración, y los convenios usualmente solo cubren 10 meses.

“Además, nos siguen pidiendo que nos ajustemos al presupuesto recibido el año pasado, entonces ¿dónde está el incremento? Así es como el país refleja su compromiso con la igualdad sustantiva, con la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, con la garantía de los derechos humanos”

Entregar apoyos de manera directa, no es beneficioso

Masse resalta que al privilegiar el mecanismo de transferencias directas a las personas, se está dejando de invertir, por ejemplo, en salud pública, en educación, en el desarrollo de las comunidades.

Para Wendy Figueroa las políticas clientelares no hacen más que perpetuar las desigualdaeds, la discriminación y las violencias por razón de género.

“Hablar de violencia contra mujeres y niñas es reconocer que necesitamos trabajar en el empoderamiento y la autonomía, y esto se ha invisibilizado con los programas asistenciales, porque estos no van dirigidos a promover la autonomía física, económica y política de las mujeres y de las niñas. Una de las razones claves de las violencias de género es la desigualdad y la ausencia de políticas públicas. Así es como afecta la asignación de recursos a la política clientelar”.

Matilde Pérez considera que mientras no haya una intervención estatal ante el problema estructural y sistemático que ocasionan las violencias contra las mujeres, las cifras van a ir en aumento, y las políticas públicas que se diseñaron para combatirlas no van a funcionar.

“El impacto más grande de estas inacciones es que se van a seguir perdiendo las vidas de las mujeres. Si no se garantiza el presupuesto para evitar esto y si no se incluyen los indicadores de las beneficiarias con impacto directo, entonces no podemos decir que las mujeres son prioridad para este gobierno”.

Con información de Expansión Política.