Marco Antonio sí sufrió desaparición forzada

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Un tribunal federal determinó que Marco Antonio, joven detenido arbitrariamente por policías de la Ciudad de México en enero de 2018, fue víctima de desaparición forzada por parte de autoridades capitalinas y del Estado de México.

En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), que ha dado acompañamiento a la familia de Marco Antonio, informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que los responsables de la desaparición forzada del adolescente fueron las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de ambas entidades, “entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero”.

De acuerdo con la REDIM, “la administración de Miguel Ángel Mancera y otras autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro ‘adolescente problemático’”.

Sin embargo, organizaciones defensoras “documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente”.

 “Por tales actos de autoridad Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y a la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva”, afirmó la Red.

El 23 de enero de 2018, Marco Antonio, entonces de 17 años, fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes lo golpearon y torturaron a bordo de una patrulla, y después desaparecieron y abandonaron al joven.

Cinco días después, el adolescente apareció en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud.

En la resolución del Amparo en Revisión 53/2019, el Tribunal impuso que las autoridades responsables reparen integralmente el daño por la violación grave a los derechos humanos de Marco Antonio y su familia.

La REDIM exigió que las autoridades investiguen exhaustivamente y sancionen “a los funcionarios que negaron la desaparición forzada y a los responsables de la impunidad persistente en el caso”.


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