A un año de su llegada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el trabajo de Albores no ha tenido repercusiones importantes en la protección del medio ambiente y la lucha contra los efectos del cambio climático.
Una gestión “invisible”
El 2 de septiembre se cumple un año de la llegada de María Luisa Albores a la Semarnat, para sustituir al exsecretario Víctor Toledo, quien dejara el cargo tras fuertes críticas a la Cuarta Transformación. Desde entonces, la gestión de Albores se mantiene lejos de la polémica, pero también lejos de los resultados y cambios que expertos y ambientalistas esperan a favor del medio ambiente y la protección de los recursos naturales del país, el cambio climático y la escasez de agua. “No tiene presencia pública. No está haciendo labor en favor del medio ambiente, hay silencio total. Estamos en el fondo del fondo”, señaló en entrevista con La Jornada Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien asegura que esta agenda no es prioritaria para la 4T:
“A casi tres años de gobierno es evidente que la agenda ambiental no existe para el Presidente. Albores, por ejemplo, en el caso de los 18 ambientalistas asesinados el año pasado no ha dicho absolutamente nada. Los recursos son raquíticos, no pueden hacer nada con la pobreza presupuestal”.
Decisiones cuestionables
De acuerdo con el reporte de La Jornada, los expertos señalan que la secretaria no tiene una agenda clara y ha tomado decisiones cuestionables como la que señala Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México, Albores, de no dar continuidad al trabajo del exsecretario Toleo en los “infiernos ambientales” de comunidades que han sido afectadas por emergencias, como Tula y Atitalaquia, en Hidalgo; El Salto, en Jalisco, y Coatzacoalcos, en Veracruz.
Además, las organizaciones defensoras del medio ambiente y especialistas cuestionan a Albores por firmar el decreto que permite la pesca en el hábitat de la vaquita marina, especie en peligro de extinción; así como por considerar la quema de residuos sólidos como parte de la economía circular y también por no haber condenado públicamente el asesinato de 18 activistas del medio ambiente.
Con información de La Jornada
