Según cifras de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además del poco seguimiento que se le da a los casos, el 94% de los delitos ambientales permanecen en la impunidad.
Según un reporte de El Universal, basado en solicitudes de acceso a la información a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre 2006 y 2020 se registraron 4 mil 264 delitos ambientales en las 182 Áreas Naturales Protegidas del país. De este total, solo en 834 casos existe un seguimiento de la Conanp, de los cuales, 643 fueron denunciados ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En 14 años, se ha resuelto una cantidad mínima de casos, pues, de los 643 delitos denunciados a la Profepa, solo 62 fueron investigados y únicamente se resolvieron 50, lo que significa que el 94% han quedado impunes. Asimismo, 79 se quedaron archivados como “Concluidos sin acción penal por obstáculo material insuperable” o prescribieron.
Los delitos ambientales que más se cometen en el país son de tipo turístico, con alrededor de mil casos registrados. Les siguen los cambios de uso de suelo y desmonte vegetal, así como las construcciones ilegales, con 500 casos cada uno; así como la pesca ilegal, con 350 casos; los delitos relacionados con barcos, con 240; la tala ilegal, con 200 más; y alrededor de 100 casos de extracción ilegal de material pétreo o minas.
De acuerdo con el informe Índice Global de Impunidad 2020, de la Universidad de las Américas Puebla, además de los ataques contra el medio ambiente, en nuestro país también es muy elevado el número de activistas y defensores de derechos ambientales que reciben agresiones o que son asesinados por luchar por la justicia ambiental, la cual “es una demanda social, ante la ocurrencia de actos que suponen destrucción de ecosistemas, saqueo de recursos naturales y prácticas económicas que ponen en riesgo la salud”.
“Los ataques contra activistas ambientales son especialmente alarmantes en América Latina y en México. Nos advierten sobre la importancia de mejorar el registro estadístico sobre delitos relacionados con el medio ambiente y la necesidad de aumentar capacidades para garantizar justicia ambiental y crear mecanismos más efectivos para proteger a activistas, defensores ambientales y líderes que enfrentan amenazas como resultado de sus actividades”, señala el documento.
Con información de El Universal
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