La demanda exige que particulares se conecten a la red de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y paguen su consumo.
Organizaciones civiles como Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Unidos por El Huajuco, Comité Ecológico Integral, Piensa Verde, Plan San Pedro, Vertebra, Nuevo León Resurge y Evolución Mexicana, y ciudadanos de estratos económicos medio y bajo se han unido por la defensa del agua y exigir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no otorgar ni renovar concesiones del recurso en zonas urbanizadas o urbanizables de Monterrey.
Consideran injusto que empresas sigan gozando de agua para fines particulares como negocios o riego sin pagar por ella, mientras las y los habitantes padecen recortes en sus domicilios. En este sentido, solicitan que se les obligue a conectarse a la red de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (Sadm) y cubrir el costo de su consumo.
“No es posible que los ciudadanos estemos pagando las consecuencias de la falta de suministro de agua y las grandes empresas tengan concesiones”.
José Daniel Borrego, integrante de Nuevo León Resurge.
Así mismo pidieron que sean sometidos a rigurosas auditorías y transparentar la lista de concesionarios por ser un tema de interés público. El documento, especifican, se debe indicar fecha de vencimiento, si los concesionarios y asignatarios cuentan o no con medidor automático, el costo total que pagan por el líquido extraído, además de la información sobre aquellos que no cumplen con todos los requisitos que la ley y los reglamentos estipulan.
Representantes acudieron a la delegación de la Conagua para entregar un pliego petitorio de 10 puntos.
En el lugar fueron atendidos por Gabriel Riestra, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del organismo, quien les dijo que se podrá trabajar mejor en el tema una vez pasada la veda electoral, por lo que les pidió regresar el 11 de abril.
No obstante, los demandantes expresaron su descontento y, entre las demandas, expusieron que no hay justificación para que continúen existiendo concesiones o asignaciones domésticas en zonas urbanas donde sea posible conectarse a la red de Sadm y/o a concesiones agrícolas o industriales fuera de uso, por lo que pidieron se considere la expropiación forzosa por causas de utilidad pública e interés público y social.
Piden que la Conagua emita acuerdos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, para restringir el uso de líquido a titulares de concesiones para uso agrícola e industrial. De igual forma, se realice una revisión de los títulos para fines industriales y agropecuarios, de tal forma que se evalúe su pertinencia.
Por último, insistieron en la necesidad de programar acciones e inversiones necesarias a corto, mediano y largo plazo, para resolver el abastecimiento de agua, además de una gestión integral del líquido transdisciplinariamente que permita dar certeza, conocer y establecer los límites al desarrollo en la región.
Con información de La Jornada.
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