2022 ha sido un año muy seco para todo el territorio mexicano, lo que agarava la disponibilidad de agua por habitante.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que en 2021 el 82 % de los municipios del país presentaba una sequía atípica, tan solo en 2019 este problema estaba presente en el 52% de los municipios. En 2022 no han bajado las cifras, y el reporte es que se tiene un año muy seco en todo el territorio mexicano.
Si se consulta la disponibilidad de agua desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha, el Inegi reportaba que en 1970 cada habitante podía beneficiarse de diez millones de litros anuales, para 2019 la cifra se redujo a 3millones 583 mil litros.
Si se reduce la muestra a las tres principales ciudades del país, el Monitor de Sequía de América (NADM, por sus siglas en inglés) ubica a la Ciudad de México en categoría D1, sequía moderada en la que existe un riesgo alto de incendios y hay ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos con niveles bajos de agua. Monterrey y Guadalajara, por su parte, son categoría D2, una sequía severa que implica riesgo alto de incendios y escasez de agua.
Las tres cuentan con una disponibilidad de agua muy por debajo de la media nacional; de hecho, el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés) las coloca como ciudades con alto estrés hídrico, lo que significa que su demanda de agua equivale al 80% de lo que pronostican obtener anualmente, lo que deja en una posición vulnerable a casi veinte millones de personas.
La disponibilidad de agua por entidad indica si existe o no una escasez manifiesta sobre el recurso hídrico. En el caso de Monterrey y la Ciudad de México sí la hay, mientras que Guadalajara, no.
Por ejemplo, durante el siglo XX, la Ciudad de México y Monterrey buscaron fuentes externas, distintas a la subterránea, para hacerse de agua. La CDMX lo hizo a través del Sistema Lerma en 1951 y en los 80 con el Sistema Cutzamala para atender la demanda de agua que trajo consigo la explosión demográfica.
Monterrey, por su parte, permitió que la élite empresarial tomara el control de la gestión del agua motivados por el desarrollo industrial. A finales de los 50 se construyó la presa La Boca, a finales de los 80 la presa Cerro Prieto y en 1994 se inauguró El Cuchillo. Esta último detonó un conflicto entre Nuevo León, Tamaulipas y el gobierno federal hasta que en 1996 Nuevo León firmó un acuerdo en el que se establece que si El Cuchillo alcanza 315 millones de metros cúbicos (un tercio de su capacidad) deberá enviar el excedente a Tamaulipas que, por encontrarse al final de las cuencas de los ríos Bravo, Tula, Moctezuma y Pánuco, recibe una menor cantidad de agua.
“Pese al uso de la tecnología para traer agua de lejos, ambas ciudades siguen dependiendo en un 40% de aguas subterráneas y los acuíferos que les proveen este recurso están sobreexplotados, es decir, se les retira más agua de la que son capaces de captar”.
Luis Mendoza Ovando
Jalisco obtiene 35% del agua de fuentes subterráneas y también los acuíferos están sobreexplotados. En el caso de Guadalajara la sequía ese ha convertido en un tema político denunciado por activistas y especialistas, quienes afirman que los recortes y tandeos anunciados por el gobernador Enrique Alfaro son innecesarios, en tanto que buscan justificar ante la opinión pública la construcción de la presa El Zapotillo, cuya agua será para uso industrial principalmente.
En este sentido, es muy criticable la postura de los gobiernos de exigir a la sociedad priorizar el ahorro en su consumo de agua como medida para contener el desabasto cuando, explica el activista ambiental Antonio Hernández, para los usuarios agrícolas e industriales no hay restricciones mientras sigan aportando alimentos y productos.
Otra fuente importante del desperdicio está en la propia red de distribución. Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México pierden entre 30% y 40% del agua debido a fugas o tomas clandestinas, pérdidas conocidas como agua no contabilizada.
“Hay situaciones que, por acción u omisión de las autoridades y de las empresas, provocan que se desperdicie en la ciudad agua limpia en grandes volúmenes”.
María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) en Guadalajara.
Rodrigo Crespo, director del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, sostiene que de ese 32% de agua no contabilizada, la mitad se debe a fugas en la red y el resto viene de problemas con los medidores o el robo del líquido. La sectorización de la red es hasta ahora, una solución viable a este problema. Monterrey lo ha aplicado y ayuda a detectar los cambios de presión y saber con exactitud en qué parte de la red puede haber un problema de fuga o si se colocó una toma de agua ilegal.
En Guadalajara, por el contrario, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) suele fallar al momento de buscar las fugas, por lo que abren calles donde no está el problema y siguen haciendo hoyos hasta encontrarlo. Cada error de estos tiene un costo de cien mil pesos.
Aunado a las fugas, la infraestructura es obsoleta. Tienen más de cuarenta años en las tres ciudades, por lo que su composición es una mezcla de concreto y asbesto. Frente a los cambios de presión, como los que ocurren cuando se corta y se reanuda el agua, las tuberías se dañan y, en el caso de la Ciudad de México, los sismos y el tipo de suelo son otros factores que impactan más.
No obstante, cambiar la infraestructura también es un asunto político.
“[Como político] te va a generar una imagen negativa porque implica poner la ciudad patas arriba, llenar de zanjas muchos sectores para sustituir las redes de distribución por unas nuevas y más eficientes y que no generen fugas: sería un caos, pero también sería la forma de remediar un daño provocado por décadas”.
Antonio Hernández, activista ambiental.
Por otro lado, una gran obra de infraestructura, como una presa, no sólo es mucho más vistosa y atractiva políticamente, sino que implica licitaciones y negocios en los que pueden llevar mano la corrupción y el conflicto de interés.
“En todo el país hay un modelo de gestión obsoleto que responde a grandes intereses económicos, pero es un modelo que no está pensado realmente para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. No coloca en el centro la naturaleza, los ecosistemas, el ciclo natural del agua, y sólo beneficia a grandes usuarios”.
María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) en Guadalajara.
De acuerdo con la Conagua, el 75% del agua que se extrae en el país se destina al sector agrícola. El agua de uso público, donde se incluye el doméstico, representa 14.7% del agua que se extrae. El sector industrial usa 5% y el restante 5.3%, se consume para generar energía.
En cuanto al sector agrícola, Rodrigo Crespo advierte que no existe registro de cuántas concesiones hay y que permitan saber con certeza cuánta agua utiliza y cuánta no. Situación que entorpece la gestión a nivel estatal y abre la puerta a que se haga un uso indebido de las concesiones para que los gobiernos, empresas y grupos de campesinos utilicen un volumen indeterminado de agua.
Con información de Gatopardo.
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