Además de la ola de amparos que se sucedieron luego de la publicación de la reforma eléctrica y que ha confrontado al poder ejecutivo con la autonomía del poder judicial, otro de los grandes proyectos de la 4T, también está encontrando obstáculos más allá, de los pueblos originarios o comunidades indígenas.
Personas físicas y colectivos en contra
Como lo reporta Mauricio Flores en su columna “El Club de los 45 contra el Tren Maya“, 139 personas físicas y 60 organizaciones no gubernamentales, de los cuales 13 colectivos se ubican en Campeche, Yucatán y Chiapas, entre los cuales se repiten los nombre de al menos 18 personas.
De 23 recursos de amparo, 8 serán evaluados por el juez Teddy Abraham Torres, del Tribunal 31º de Campeche. El poder de que estos procesos legales se concreten es que se detenga la ejecución del Tren Maya, que en números de ONU-Habitat obtuvo mediante encuesta (muy cuestionada por cierto) 1 millón 492 mil 452 personas estarían a favor.
Otorgan 3 nuevas suspensiones
Mientras tanto, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya obtuvieron tres suspensiones que otorgó el juzgado 4º de Distrito del estado de Yucatán.
Este fallo ordena a las autoridades federales que “cesen los trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonos de los territorios del estado”, contra los trabajos de la fase 3 del Tren Maya.
Se justificó con base en el peligro que estas acciones suponen para el derecho a las futuras generaciones de contar con un ecosistema protegido.
“Esto es, si en un proceso existe una colisión entre el medio ambiente y otros intereses, y los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de información, deberán tomarse todas las medidas necesarias a favor del medio ambiente”.
También en Campeche
80 personas consiguieron amparo de suspensión provisional por riesgo de que se realicen desalojos. Derivado de ello, las constructoras deberán desistir de realizar actividades del “Proceso de Relocalización Consensuada”.
Las comunidades que presentaron las denuncias son Santa Lucía, La Ermita y Camino Real quienes desde 2020 conformaron el Colectivo Tres Barrios argumentando que este proceso realizado por UNO-Hábitat y Fonatur:
“es en realidad un proceso de desalojo forzoso puesto que no se les está dando más alternativas que abandonar sus barrios”:
