Una mala ley energética dice mucho sobre el presidente de México

Hará la electricidad más cara, sucia y menos fiable

Esta nota fue traducida de The Economist, aquí el enlace original.

Con la pandemia en su esplendor y la economía en crisis, el Congreso de México encontró tiempo para discutir la nueva ley energética a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprobada el 3 de marzo, esta ley hará la luz más cara, sucia y menos fiable. Se ha puesto en duda la importancia de cerca de 26 billones de dólares de inversión privada en energía solar y eólica, principalmente de compañías extranjeras. Que el señor López Obrador (AMLO por sus siglas en español), tenga expectativas tan altas de una ley tan mala dice mucho acerca de lo que está mal con la visión que tiene de su país.

Hasta 1990 la electricidad fue un monopolio en México, principalmente en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Una discreta apertura al sector privado, iniciada en 1990, tomó fuerza con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014. Esta permitió la inversión privada en gasolina y gas, así como en la generación de electricidad. Estableció un mercado mayorista de electricidad. Una comisión regulatoria fijó reglas bajo las cuales los proveedores más baratos y ecológicos tuvieran prioridad.

La ley de AMLO revierte eso. Da prioridad a la energía de la CFE, gran parte del cual proviene de plantas térmicas obsoletas que funcionan con combustible contaminante. La CFE genera costos que están 25% más caros que las plantas eólicas o solares. No está claro si las plantas solares o eólicas podrán seguir operando. “No sabemos quién fijará el precio”, dice Montserrat Ramiro, una exempleada de la ahora moribunda comisión reguladora. La CFE no puede atender la demanda por sí sola, por lo que los apagones son probables. AMLO dice que el precio que los mexicanos pagan por su electricidad no subirá, así que se presume el gobierno será quien subsidie el incremento.

¿Por qué forzar esta medida? Las nuevas leyes declaran que la CFE estaba “quebrada y arruinada” por la reforma del 2014, a la cual el gobierno acusó de discriminatoria en favor de operadores privados quienes en algunos casos ganaron contratos “mediante fraude”. Anteponer los intereses de la CFE sobre el de los mexicanos, parece ser obra del titular de la compañía, Manuel Bartlett. De 85 años, el señor Bartlett es un estadista a la vieja usanza y fue pilar del Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó México de forma autoritaria de 1920 al 2000.

AMLO no había mostrado mucho interés en la industria eléctrica. Pero una de sus obsesiones es impulsar Pemex, la empresa estatal de gasolina y gas. Él quiere que México sea autosuficiente en combustible. Presionó a Pemex para intensificar el proceso de refinamiento (se está construyendo una nueva refinería de 8 billones de dólares en Tabasco, su estado natal). Sin embargo, las antiguas refinerías generan demasiado combustible alto en azufre, el cual, bajo la nueva legislación internacional impuesta en 2020, ya no puede ser utilizado. La CFE es ahora su único cliente para esta sustancia.

El gobierno apresuró la aprobación de la ley luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el intento de revertir la reforma eléctrica a través de regulaciones. Si la Corte echa abajo la ley, también será una prueba de su autonomía. Es probable que los inversores promuevan mecanismos de controversia invocando los acuerdos firmados con los Estados Unidos, la Unión Europea y países de Asia.

El presidente no pagará el costo político a corto plazo. La política monetaria flexible en los Estados Unidos permite a los inversionistas comprar bonos al gobierno mexicano, manteniendo al peso estable y quitando una restricción a AMLO, argumenta Luis de la Calle, economista de Ciudad de México.

Y el presidente ha forjado un vínculo cuasi religioso con sus seguidores. Se ha proclamado como predicador moral en contra del “pillaje” de México durante el “periodo neoliberal” (ciertamente hubo mucha corrupción bajo el mando del señor Peña). Semejante retórica es muy popular. Las encuestas muestran que cerca del 60 al 65% de la gente aprueba a AMLO, aun cuando muchos opinan que su gobierno ha fallado sobre la pandemia, la inseguridad y la economía. Aparentemente mantendrá la mayoría en el congreso para la elección intermedia en junio. Si la incrementa, podría anular la reforma energética del 2014 por completo.

Con la economía americana en recuperación y las empresas buscando mover sus plantas de China, México tiene mucho por conseguir. Para capitalizarse, necesita energía renovable, mejor tecnología y reglas establecidas. El porcentaje de inversiones en el PIB es el más bajo desde 1995. Al romper las reglas y poner en duda el suministro de energía, la nueva ley puede hundirlo aún más. “México ya no es un lugar interesante para la inversión privada en nada”, dice Andrés Rozental, exdiplomático. Con el tiempo, llegarán a lamentarlo.