María Larriva comparte su preocupación porque el gobierno federal no ha dado claridad sobre los procedimientos aeronáuticos en el AIFA.
Las observaciones sobre la operabilidad del AIFA continúan y no solo por la oposición política, especialistas, técnicos y consultores como María Larriva, controladora aérea, quien desde su amplia experiencia externa su preocupación por lo que respecta a la parte aeronáutica del nuevo aeropuerto.
Desde su análisis, lo que se conoce hasta ahora sobre Santa Lucía representa un peligro latente, fuera de norma e inoperante debido al mal rediseño del espacio aéreo que traerá como consecuencia vuelos prolongados sobre la ciudad, rutas más largas y mayor gasto de combustible lo que afectará la operación de las aerolíneas.
“Se requiere que resuelvan la parte aeronáutica, ¿qué es eso? Bueno pues hacer procedimientos de salida, procedimientos de llegada, procedimientos que se necesitan instalar para hacer aproximación en conflictividad reducida, ya que desde hace cuarenta años haremos que Santa Lucía es un lugar que tiene mucha niebla que tiene condiciones que podrían reducir la efectividad de la aviación.”
Afirma que en el aeropuerto no se han hecho pruebas, sino shows. la investigadora de incidentes y accidentes de aviación por la Universidad del Sur de California sostuvo que es falso asegurar que tanto el AIFA como el AICM van a operar de manera simultánea a su máxima capacidad.
“Hay estudios internacionales que así lo demuestran. Habrá riesgos de acercamientos y de colisiones.”
Por último, remató con una afirmación poco tranquilizadora en el sentido que para marzo, a pesar de los esfuerzos de la Sedena, no se tendrá la parte aeronáutica resulta por lo que no importa qué tan atractivas resulten las instalaciones para la gente.
En tanto, Luis Pazos en su columna abre una interrogante pertinente ante el análisis de Larriva: “Si fracasa ese plan, como es probable, o acontece un accidente, ¿a quién van a culpar?”
“Al presidente, que dio la orden de construirlo; al Ejército, que cumple las órdenes de su jefe máximo, como manda la Constitución; o al constructor y asesor del presidente, que por intereses personales le recomendó ese plan. O tendrán que buscar a quién echarle la culpa de un probable accidente donde se pierdan muchas vidas.
Entre las consecuencias, compartimos las siguientes:
Con información de El Financiero.
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