El desprecio del presidente López Obrador por la ley ha permeado en las instituciones de procuración de justicia y se ha convertido en una de las principales características de su Cuarta Transformación. Sobre el tema, compartimos el análisis del doctor Isidro Cisneros.
Sin respeto a la ley
“La fractura de nuestro Estado de Derecho es consecuencia directa de la nula defensa del ordenamiento jurídico por parte de jueces y magistrados”, señala el sociólogo, politólogo y abogado Isidro Cisneros en su columna “Legalidad: una utopía para realistas”, publicada este domingo en el diario La Crónica de Hoy. En ella, Cisneros destaca un ejemplo que se ha convertido en símbolo del desprecio a la legalidad en este sexenio: la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
Y es que, pese al amparo para suspender la construcción de la obra, concedido el 30 de mayo por un juez federal para que el gobierno suspendiera por tiempo indefinido los trabajos del Tramo 5 por la falta de estudios sobre impacto ambiental, “hace días se reanudó el movimiento de maquinaria pesada en la zona para continuar con la cuestionada obra sin importarle la destrucción de la selva maya o su patrimonio cultural, ignorando las decisiones judiciales y las advertencias de los especialistas”.
“La sentencia presidencial del: “no me vengan con que la ley es la ley”, representa claramente una de las ideas-principio del actual gobierno que ha permeado la actuación de las instituciones encargadas de garantizar la eficacia de la acción judicial”, explica Cisneros.
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Un sistema judicial decadente
Como señala Cisneros, en México actualmente se vive “un escenario de amplia subordinación institucional”, donde algunos jueces y magistrados han optado por guardar silencio e ignorar la realidad por temor a represalias institucionales. En este sentido, el experto señala la necesidad de replantear la estructura institucional del Poder Judicial, a fin de protegerlo “de los embates del poder político y para modelar un nuevo Estado en condiciones de promover la legalidad irrestricta. No se olvide que en las modernas sociedades la cultura de la legalidad define todas las formas de la actuación democrática”.
A ello se suma la insatisfacción con el actual funcionamiento del sistema de administración y procuración de justicia que experimenta todo aquel que ejerce actividades vinculadas al derecho, ya que, como indica Cisneros: 1) no es racional el modo de actuación de su cúpula, 2) no es efectivo el control de constitucionalidad, la administración y el gobierno de la rama judicial son incomprensibles, 3) la jurisprudencia adoptada resulta caótica al no proveer seguridad jurídica a la población por los cambiantes criterios de nuestros jueces y 4) se promulgan sentencias arbitrarias.
“La decadencia de nuestro sistema judicial es solo una expresión de la penuria general en que se encuentra la cultura de la legalidad bajo la denominada ‘Cuarta Transformación’. Su degradación es fruto de la intromisión indebida, así como de las presiones y ataques desde el Ejecutivo. La concentración del poder de forma unipersonal y arbitraria, ha desplazado los equilibrios y contrapesos que cualquier sociedad democrática necesita para sobrevivir”.
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