La confianza para invertir no depende únicamente de la economía, sino también de la certeza jurídica, el respeto al Estado de derecho y la independencia de las instituciones.
Por Demetrio Sodi
En lo personal, quisiera responder que sí, dado el enorme potencial que tiene la economía del país si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometiera con el respeto al Estado de derecho. Sin embargo, ese no es el caso. El gobierno está dispuesto a utilizar toda su fuerza para hacer prevalecer los intereses del Estado sobre los de los particulares y para garantizar la permanencia de Morena en el poder, incluso por encima de las leyes y de los resultados electorales.
Son muchas las dudas que un inversionista debe plantearse antes de invertir en nuestro país. Desde luego, una de ellas es el riesgo de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se venga abajo. Diez años de vigencia pueden parecer mucho tiempo, pero no lo son para inversiones de gran escala que requieren veinte o treinta años para recuperar el capital. Desgraciadamente, mientras Donald Trump permanezca en el poder, no habrá reglas claras ni certeza para invertir.
La corrupción y la violencia que existen en el país constituyen otro freno para la inversión. Sin embargo, los empresarios mexicanos y extranjeros ya saben cómo lidiar con ambos problemas y los compensan con rendimientos financieros muy superiores a los que obtendrían en otros países. Por ello, la banca, las cadenas de autoservicio y, en general, muchas de las empresas que operan en México registran algunas de las mayores utilidades y rendimientos del mundo.
La inversión extranjera que llega a nuestro país consiste, en su mayor parte, en la reinversión de utilidades. Para quienes ya están establecidos en México, los rendimientos siguen superando los riesgos. A ello se suma una pesada burocracia que permanentemente busca nuevas formas de recaudar recursos. Abrir un negocio continúa siendo un proceso complejo y, además, resulta difícil librarse de la corrupción.
La delincuencia organizada representa otro riesgo para los empresarios, tanto por la amenaza que implica para su integridad como por el impacto que tiene sobre sus negocios mediante el cobro de piso. Este problema afecta principalmente a los pequeños y medianos empresarios, mientras que las grandes compañías suelen contar con esquemas de seguridad que las protegen y, por lo general, estos grupos delictivos prefieren no confrontarlas.
Todo lo anterior desincentiva la inversión. Sin embargo, si yo fuera empresario, mi principal preocupación sería el control que ejerce el gobierno sobre todo el aparato de procuración e impartición de justicia. La reforma al Poder Judicial no tuvo como propósito mejorar la justicia en México, sino controlarla.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene el control de la Suprema Corte porque, a través de los llamados “acordeones”, impulsó los nombres de las ministras y los ministros que ella y el expresidente López Obrador querían que resultaran electos. Asimismo, colocó al frente de la Fiscalía General de la República a una persona de su confianza, quien perseguirá o dejará de perseguir a quien ella determine.
La presidenta sabe que sin inversión privada no habrá crecimiento económico. Sin embargo, ha contribuido a desalentarla mediante reformas constitucionales que eliminaron organismos autónomos, limitaron el juicio de amparo y, sobre todo, mediante la reforma al Poder Judicial.
Hoy puede ser Ernesto Ruffo; mañana podría ser cualquier empresario, periodista o ciudadano que se exceda en sus críticas al gobierno. La forma en que fue detenido, el hecho de que no se haya considerado su edad, que haya sido recluido en un penal de alta seguridad y que el juicio se lleve a cabo a puerta cerrada, sin permitir el acceso a los medios de comunicación, genera serias dudas sobre la imparcialidad del proceso. Se trata de una detención con fines político-electorales, desde el momento en que la presidenta asumió el papel de Ministerio Público al señalarlo públicamente durante una conferencia matutina.
Hoy, pocos creen que en México exista una procuración e impartición de justicia verdaderamente independientes del poder político. Del mismo modo, son cada vez menos quienes consideran que el Estado de derecho prevalece en nuestro país.
Por ello, al responder la pregunta de si es momento de invertir en México, mi respuesta es clara: no, mientras la justicia permanezca subordinada al capricho del presidente o de la presidenta en turno.
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