
“Desde la Cancha”
Por Demetrio Sodi
El pasado martes, un grupo plural de ciudadanas y ciudadanos, jóvenes y no tan jóvenes, reunidos en el Frente Amplio por México, hicimos público un manifiesto en un periódico de circulación nacional. No fue un acto partidista ni una maniobra coyuntural. Fue una expresión genuinamente ciudadana, apartidista y plural, motivada por una preocupación legítima: los riesgos que entraña la reforma electoral que el gobierno de la propia presidenta Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, han venido anunciando públicamente.
En la conferencia matutina del día siguiente la presidenta cuestionó duramente este pronunciamiento ciudadano. Se preguntó cómo es posible criticar una reforma que, según ella, todavía no existe. Y fue más allá: descalificó una iniciativa que es ciento por ciento ciudadana, apartidista, plural, y que tiene un solo objetivo: impedir que prospere una reforma electoral regresiva para la democracia mexicana.
La pregunta de fondo no es si existe o no un documento formal enviado al Congreso. La pregunta es otra: ¿por qué se abrió este debate? Y la respuesta es clara: porque fue la propia Presidenta quien, en múltiples ocasiones, adelantó públicamente los objetivos de la reforma que su gobierno pretende impulsar. Esas declaraciones no fueron vagas ni marginales. Fueron explícitas y reiteradas. Y, precisamente por eso, generaron preocupación legítima.
La Presidenta ha señalado que uno de los propósitos de la reforma es reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). El argumento es conocido: las elecciones en México son “demasiado caras” y deben organizarse con menos recursos. Nadie discute la necesidad de eficiencia, transparencia y austeridad. Pero reducir el presupuesto del árbitro electoral sin fortalecer sus capacidades técnicas y operativas equivale a debilitar la garantía básica de elecciones confiables. La democracia cuesta, sí, pero la ausencia de democracia cuesta mucho más.
Otro de los ejes anunciados es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. En abstracto, la idea puede sonar atractiva. Sin embargo, en la práctica, los más afectados serían los partidos de oposición. Morena no es hoy un partido en igualdad de condiciones. Cuenta con una estructura territorial robusta, con el control del aparato gubernamental y con figuras como los llamados “servidores de la nación”, cuya presencia permanente en el territorio genera una asimetría evidente. Reducir recursos sin corregir estas desigualdades no empareja la cancha: la inclina.
Pero quizá el punto más delicado, y el que más alarma genera, es el que la Presidenta ha mencionado respecto a la posible eliminación o reducción de las diputaciones y senadurías plurinominales, o la modificación sustantiva de la representación proporcional. Se ha dicho que “debe cambiarse el mecanismo”, que “no deben ser listas”, que “hay que revisar ese modelo”.
Conviene decirlo con claridad: si se debilita la representación proporcional, se reduce de manera directa la presencia de la oposición en el Congreso. No es una especulación, es una consecuencia matemática y política. Las minorías quedarían subrepresentadas, el pluralismo se erosionaría y el equilibrio de poderes se vería afectado. Eso no fortalece la democracia; la empobrece.
Por eso resulta inaceptable —y preocupante— que se cuestionen las intenciones de quienes firmamos y respaldamos este manifiesto. No fue la ciudadanía quien abrió el debate. Fue la Presidenta. Fueron sus palabras. Fueron sus definiciones anticipadas. A partir de ellas, muchísimos ciudadanos, académicos, intelectuales, especialistas y actores políticos levantamos la voz con responsabilidad.
No se trata de oponerse por oponerse. Se trata de prevenir retrocesos, de exigir diálogo, de recordar que las reglas del juego democrático no pueden modificarse sin consenso amplio y sin escuchar a la sociedad. Si hoy existe preocupación, no es por una reforma “imaginaria”, sino porque el rumbo que se ha anunciado es real y sus consecuencias también lo serían.
En democracia, advertir no es descalificar. Es cumplir con un deber ciudadano.



