La SCJN decidirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa e Isidro Cisneros escribe sobre la importancia de la presunción de inocencia.
El próximo lunes 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México y el politólogo, sociólogo y abogado Isidro Cisneros escribe sobre la imperiosa necesidad de garantizar el principio de la igualdad de todas las personas ante la ley. En su artículo “Presunción de inocencia”, publicado en el diario La Crónica de Hoy, Cisneros postula que la grave situación de violencia y afectación de los derechos humanos en el país “no será resuelta con la prisión preventiva automática, ni con la militarización de nuestra vida social”.
Ante el debate al que se enfrentará la próxima semana la Corte, sobre anular o no la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, el experto apunta que “es necesario que nuestro máximo órgano jurisdiccional la modifique para hacer prevalecer el principio de la igualdad de todos ante la ley”, sobre todo en un contexto donde el 42% de la población carcelaria fue detenida sin tener una sentencia condenatoria: “cerca de 94 mil personas privadas de su libertad sin sentencia judicial que acredite la comisión de un delito”.
Debido a la prisión preventiva oficiosa las personas procesadas son privadas de su libertad, a pesar de que no tengan una sentencia condenatoria o absolutoria para su caso. De acuerdo con Cisneros, la población carcelaria ha aumentado en promedio 10 mil personas al año desde que empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El experto señala que esta situación pudo derivar de las reformas al artículo 19 constitucional “realizadas durante 2019 y que fueron impulsadas por la 4T para incrementar de 9 a 20 los tipos penales del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática”.
La presunción de inocencia implica que toda persona acusada de la comisión de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Significa que todo individuo debe considerarse inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente que demuestre la responsabilidad del delito.
“Es el derecho humano de toda persona encausada en un proceso judicial ser tratada como inocente hasta su condena”, señala Cisneros. Explica que la presunción de inocencia es la “base de la actividad jurisdiccional que tiene en la regla probatoria y en el debido proceso los elementos fundamentales del derecho a un juicio justo”, por lo que debería condenarse esta práctica, que ha mantenido a personas inocentes en la cárcel para justificar las estrategias de seguridad de los gobiernos, y que incluso es rechazada por la comunidad internacional.
Se estableció que la legislación mexicana habilita a la autoridad judicial a proceder con la prisión preventiva sólo en razón de la gravedad del delito sin considerar su carácter de excepcional, y que una figura de este tipo es inconvencional pues implica una detención arbitraria contraria a la presunción de inocencia.
Con información de La Crónica de Hoy
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