A una semana de que 16 funcionarios chiapanecos fueran secuestrados y tras la brutal ejecución de Hipólito Mora, durante la celebración del sábado en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador no hizo mención al crimen organizado ni expresó solidaridad con las víctimas. En cambio, responsabilizó a sus predecesores y reafirmó la validez de su estrategia. Así lo mencionó en su columna de opinión Sergio Aguayo.
“Se abstuvo de proporcionarnos cifras, tal vez porque las estadísticas contradicen su optimismo. Durante los primeros años de su gobierno, las fuerzas armadas y la ya desaparecida policía federal recibieron un billón 43 mil millones de pesos sin lograr contener el número de homicidios, que en abril pasado alcanzó los 152 mil 836, superando así el máximo registrado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”, expresó.
Por ello, Aguayo señaló que estas cifras plantean una de las principales incógnitas en nuestro conocimiento de las organizaciones criminales.
El experto precisó que los últimos siete presidentes han invertido en instituciones gubernamentales que brindan información precisa sobre el costo humano, pero no han querido o no han podido desarrollar un perfil detallado sobre la magnitud de la amenaza.
“Las estadísticas que tenemos provienen de fuentes como el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional de Búsqueda. También ha sido importante el aporte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aunque ahora ha sido silenciado por decisión del presidente”, explicó.
“Lo que pasa por alto es que ninguno de los siete últimos presidentes nos ha ofrecido una descripción del tamaño de la amenaza. Carecemos de una estimación oficial sobre el número de carteles y sicarios, sobre el armamento a su disposición y sus ingresos y egresos o sobre la producción y tras riesgo de narcóticos”, señaló Aguayo.
Por ello, insistió en que este gran vacío de información ha sido llenado por periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
“Gracias a ellos tenemos algunas de las piezas que nos permiten tener una idea aproximada de la bestia. Por ejemplo, por Lantia Consultores sabemos que en junio de este año México contaba con dos cárteles transnacionales, 75 mafias de tamaño medio y 507 bandas pequeñas”, indicó.
Agregó que la investigación de Data Cívica arrojó estadísticas sobre los 512 ataques perpetrados por criminales contra funcionarios gubernamentales entre 2017 y 2023.
Asimismo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha documentado el asesinato de 84 ambientalistas durante este sexenio.
Aguayo alertó que se tiene el conocimiento de que en las elecciones de 2024, el crimen organizado se lanzará a conquistar gobiernos locales.
”Sostengo como hipótesis del trabajo que una de las principales razones por las cuales la autoridad federal silencia el tamaño de la amenaza está en su deseo de evitar que se conozca el papel jugado por los funcionarios que protegen a criminales. Se trata del famoso pacto de impunidad que llevamos décadas testimoniando”, dijo el experto.
Recordó que en octubre de 2022, organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como la revista Proceso, difundieron documentos obtenidos de manera ilícita que implicaban a tres funcionarios del gobierno de Tabasco, encabezado por Adán Augusto López, en una supuesta alianza con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
También se ha divulgado información sobre presuntos vínculos del crimen organizado con el gobernador de Morena en Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
Pese a ello, Aguayo dijo que hasta el momento, no se tienen indicios de que la Unidad de Inteligencia Financiera u otras dependencias del gobierno de la 4T hayan iniciado una investigación para corroborar o descartar este tipo de asociaciones.
Además, aseveró que el presidente se niega a cuestionar su estrategia.
“Es el séptimo presidente que llega cargado de optimismo y decidido a recomponer lo recibido. Cero y van siete que dejan el cargo sin haber podido domar una criminalidad que no parece crecer. El próximo presidente o presidenta debe comprometerse a revisar críticamente las actuales políticas públicas para elaborar una nueva estrategia basada en el conocimiento acumulado desde los años 80, sin prejuicios, con humildad e inteligencia. La seguridad depende de todos y todas”, finalizó.
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