Opinión

LA REFORMA ELECTORAL Y EL RIESGO DE UN PARTIDO DE ESTADO

Integrantes del Frente Amplio Democrático durante la presentación del posicionamiento “Sí a la democracia”, en el que se advierte sobre los riesgos de la reforma electoral para el equilibrio democrático en México.

Desde la Cancha

Por Demetrio Sodi

La iniciativa de reforma electoral presentada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum no puede entenderse como un simple ajuste técnico al sistema político mexicano. Por el contrario, se trata de una pieza más dentro de un proceso más amplio de concentración de poder que, de continuar, podría poner en riesgo los equilibrios democráticos construidos en el país durante décadas.

Desde esta perspectiva, la reforma debe analizarse no de manera aislada, sino en el contexto de una serie de decisiones políticas que han transformado el funcionamiento de las instituciones. En los últimos años se ha consolidado una mayoría legislativa extraordinaria en manos del partido gobernante y sus aliados, lo que ha permitido aprobar reformas constitucionales con relativa facilidad. Con apenas poco más de la mitad de los votos ciudadanos, esta coalición obtuvo una mayoría calificada en el Congreso que supera con creces su respaldo electoral, lo que ha generado cuestionamientos sobre el fenómeno de la sobrerrepresentación.

A ello se suma un proceso de reconfiguración institucional que ha alcanzado a diversos órganos del Estado. El control del Tribunal Electoral, la designación de consejeros en el Instituto Nacional Electoral y la desaparición o debilitamiento de organismos autónomos han modificado el equilibrio entre poderes que durante años caracterizó al sistema democrático mexicano. También han existido reformas que limitan el alcance del amparo y cambios en el Poder Judicial que, para muchos críticos, reducen la independencia de la Suprema Corte frente al Ejecutivo.

En ese contexto aparece la nueva reforma electoral. Oficialmente, el argumento central del gobierno es reducir el costo de las elecciones. Sin embargo, la discusión de fondo no gira únicamente en torno al gasto público, sino al impacto que estos cambios podrían tener en la competencia política. Diversos analistas advierten que algunas de las modificaciones planteadas podrían debilitar a las autoridades electorales y reducir las capacidades de la oposición frente a un partido gobernante que ya cuenta con amplios recursos institucionales y una fuerte presencia mediática.

Un punto clave en este debate es la sobrerrepresentación legislativa. Si el objetivo fuera fortalecer la democracia, argumentan algunos críticos, una reforma electoral debería establecer límites más claros a este fenómeno, de modo que la composición del Congreso refleje de forma más fiel la pluralidad del voto ciudadano. Sin embargo, la iniciativa no aborda este tema; por el contrario, mantiene un esquema que facilita que el partido mayoritario conserve su ventaja legislativa.

También se ha cuestionado el uso político de espacios institucionales como las conferencias matutinas presidenciales. Desde la oposición se sostiene que estos espacios se han convertido en plataformas permanentes de comunicación política en favor del partido gobernante, lo que genera condiciones de competencia desigual frente a otros actores políticos.

Otro aspecto polémico es la figura de la revocación de mandato. Concebida originalmente como un mecanismo ciudadano para retirar del cargo a un gobernante que ha perdido legitimidad, en la práctica ha funcionado más como una consulta de popularidad impulsada desde el propio gobierno. Esto plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos en ejercicios que terminan beneficiando políticamente a quien los convoca.

Más allá de los detalles técnicos, la discusión sobre la reforma electoral plantea una pregunta central: ¿quién define las reglas de la competencia democrática? En cualquier sistema democrático consolidado, los cambios a las reglas electorales suelen construirse mediante amplios consensos entre fuerzas políticas y sectores sociales. Reformarlas de manera unilateral puede erosionar la confianza en el sistema político.

Por ello, el debate sobre esta iniciativa no debería limitarse a los partidos. La manera en que se organizan las elecciones determina si los ciudadanos pueden cambiar el rumbo del país mediante el voto o si, por el contrario, las reglas terminan favoreciendo la permanencia de un mismo grupo político en el poder.

México ha construido su democracia a lo largo de décadas de reformas graduales, impulsadas muchas veces por acuerdos entre actores políticos con visiones distintas. Preservar ese espíritu plural es fundamental para evitar retrocesos. La reforma electoral, por tanto, no es un asunto menor: es una discusión que definirá el equilibrio entre poder y democracia en los años por venir.