¿LA PRESIDENTA CUMPLIÓ?

Presentación de los ejes de la reforma electoral durante conferencia oficial del Gobierno de México.

“Desde la Cancha”

Por Demetrio Sodi

Parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ya da por hecho que su propuesta de reforma electoral no va a prosperar. No está dispuesta a negociar y lo único que le preocupa es que la gente se dé cuenta de que cumplió al enviar una iniciativa de reforma electoral que, según ella, responde a las demandas ciudadanas.

Si la iniciativa fracasa y es rechazada por el Congreso, la única responsable será ella, por no haber estado dispuesta a crear una comisión plural para elaborar la propuesta. La comisión que la redactó estuvo integrada exclusivamente por funcionarios del gobierno y militantes de Morena, dejando fuera no solo a los partidos de oposición, sino incluso a sus aliados, que son necesarios para lograr la aprobación. Todas las reformas electorales anteriores se lograron por consenso, porque las iniciativas fueron elaboradas con la participación de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil.

Más allá de que hay algunos aspectos positivos en la reforma, como obligar a los candidatos a diputados plurinominales a hacer campaña y la eliminación de los senadores de representación proporcional, la reforma no empareja la competencia; por el contrario, debilita aún más a los partidos de oposición con el recorte del 25 % de sus prerrogativas. Si realmente se quiere hacer más equitativa la competencia, debería modificarse la fórmula para asignar las prerrogativas: en lugar del esquema actual de 30-70 %, tendría que adoptarse uno de 50-50 %.

En el caso del Senado, la eliminación de los senadores de representación proporcional hace prácticamente imposible que algún partido o coalición tenga mayoría calificada, por lo que, en ese sentido, la reforma podría considerarse positiva para evitar que un solo partido o coalición concentre ese tipo de mayoría en este órgano legislativo. En el caso de la Cámara de Diputados, si no se prohíbe expresamente que ningún partido o coalición tenga mayoría calificada, podría repetirse lo que ocurre actualmente: con el 54 % de los votos, Morena obtuvo más del 70 % de los diputados. Este sería un punto fundamental que debería exigir la oposición.

La propuesta de reducir en 25 % el presupuesto del INE y de los organismos electorales estatales no fortalece a las instituciones electorales; el recorte debería definirse en coordinación con los consejeros del INE.

La reforma deja de lado lo que es el principal problema de las elecciones en nuestro país: la intervención y el financiamiento de la delincuencia organizada. No es exagerado afirmar que en todas las elecciones circula dinero fuera de lo permitido que reciben candidatos y candidatas, por lo que debería contemplarse la anulación de la candidatura o incluso del triunfo en caso de comprobarse estas conductas.

Otro tema fundamental que no puede ignorarse es la intervención de funcionarios y programas públicos en apoyo a Morena. El gobierno cuenta con 25,000 servidores de la nación trabajando todos los días, presuntamente en favor de ese partido. De continuar esta situación, será prácticamente imposible el triunfo de la oposición en la mayoría de los estados del país.

La presidenta no puede lavarse las manos y sostener que la responsabilidad de la aprobación o rechazo de la reforma está únicamente en manos del Congreso. Envió una iniciativa que no cuenta con el consenso necesario, y si fracasa, la responsabilidad será suya, no de la oposición.