En los últimos años, México ha experimentado una creciente tendencia hacia la militarización de la seguridad pública, de empresas paraestatales, en el control de puertos y aeropuertos, en obras de infraestructura, entre otras acciones donde el ejército no había tenido injerencia histórica.
Sin embargo, esta estrategia planteada y puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador traza riesgos significativos y genera preocupaciones en términos de derechos humanos, democracia y eficacia en la lucha contra la delincuencia.
En un contexto político y social complejo, el riesgo de un autoritarismo militar se presenta como una preocupación real en México. La posibilidad de un aumento del poder militar en los asuntos gubernamentales plantea serias amenazas a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
Advierte Germán Martínez sobre el peligro de pasar del militarismo al fascismo
En octubre pasado el senador Germán Martínez Cázares dejó en claro su posición respecto a las reformas militares y la intervención del ejército en asuntos civiles. Rechazó las acusaciones de “tendenciosidad” y ambiciones personales, enfatizando que su objetivo como legislador es ejercer su labor con responsabilidad y sin apartar a la ciudadanía de sus fuerzas armadas.
En respuesta a la comparecencia del Sectetario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, Martínez Cazares hizo hincapié en que el respeto al uniforme no hace a nadie más o menos mexicano, y señaló que la dignidad no está determinada por las estrellas en el hombro, sino por la forma en que se atienden los problemas que afectan a los ciudadanos. Además, destacó que ninguna persona es superior a otra en una república, tal como lo soñó Benito Juárez, y recordó la importancia de mantener la separación entre el poder militar y el poder civil, como estableció el Benemérito de las Américas.
El Senador Martínez criticó la arrogancia del General Luis Cresencio Sandoval y cuestionó la creciente militarización del país, así como la concentración de poder que se está llevando a cabo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo referencia al legado de Juárez y resaltó la importancia de la pluralidad de ideas, el respeto hacia quienes piensan distinto y la diversidad ideológica como motores de una verdadera república.
El Senador recordó las restricciones impuestas por el Presidente Lázaro Cárdenas al poder militar, prohibiendo su intervención en asuntos civiles y limitando la expresión de ideas en temas políticos y religiosos. Germán Martínez reprochó al General Sandoval por haber pisoteado estas normas y por inmiscuirse en asuntos políticos en el emblemático Castillo de Chapultepec.
Además, el Senador lanzó una advertencia sobre el peligro de pasar del militarismo al fascismo y subrayó el riesgo que corre México con la concentración de poder y las concesiones peligrosas otorgadas a los militares por parte del presidente López Obrador. Martínez señaló que estas acciones corrompen al Ejército y ponen en peligro la institucionalidad, la división de poderes y la separación entre el Estado y la Iglesia.
El Senador concluyó su discurso reafirmando que los mexicanos que piensan distinto también aman a México y luchan por el país desde diferentes trincheras, pero siempre cobijados bajo la misma bandera. Además, dejó claro que el grado de General solo será merecido frente a la historia.
El discurso del Senador Germán Martínez Cazares fue un llamado a la defensa de la dignidad republicana de México, a la separación de poderes y a la preservación de la democracia. Sus palabras resonaron en el Senado y dejaron una huella imborrable en la lucha por una sociedad justa y equitativa.
Violaciones a los derechos humanos y deterioro al tejido social
Una de las principales preocupaciones relacionadas con la militarización es el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Los militares no están capacitados específicamente para tareas de seguridad pública y su formación se centra en el combate al enemigo en situaciones de conflicto armado. Como resultado, su actuación en labores de seguridad interna puede llevar a abusos y violaciones de los derechos fundamentales de la ciudadanía, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura.
Además, la militarización puede socavar la rendición de cuentas y la transparencia. Las fuerzas armadas están sujetas a jurisdicciones militares y, a menudo, existe una falta de supervisión y mecanismos de control civil efectivos. Esto dificulta la investigación y el enjuiciamiento de los abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, lo que perpetúa un clima de impunidad y erosiona la confianza de la sociedad en las instituciones.
La militarización también puede tener un impacto negativo en el tejido social y la convivencia pacífica de una sociedad. La presencia constante de militares en las calles puede generar un ambiente de hostilidad y miedo, afectando la vida cotidiana de las personas y obstaculizando la construcción de relaciones de confianza entre la comunidad y las autoridades. La percepción de ocupación militar puede provocar un aumento de la violencia y una disminución de la participación ciudadana en la solución de problemas locales.
Además, la militarización desvía recursos que podrían destinarse a iniciativas sociales y programas de prevención del delito. En lugar de abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades, se prioriza una respuesta militarizada que no ataca los problemas de raíz. Esta falta de enfoque integral puede llevar a un ciclo perpetuo de violencia y criminalidad.
Ausencia de soluciones sostenibles
La militarización también plantea el desafío de la falta de soluciones sostenibles a largo plazo. La experiencia internacional ha demostrado que la presencia militar por sí sola no es suficiente para resolver los problemas de seguridad. Se requiere una combinación de enfoques, incluyendo la promoción del Estado de derecho, la reforma policial, la justicia penal efectiva, la prevención del delito y la participación ciudadana.
La militarización, en cambio, tiende a centrarse en soluciones de corto plazo que no abordan las causas profundas de la violencia. Esto puede perpetuar un ciclo vicioso de militarización continua, sin una estrategia clara para lograr la seguridad y la paz duradera.
El riesgo de un autoritarismo militar en México plantea amenazas significativas a la democracia, los derechos humanos y el desarrollo del país. La interferencia militar en los asuntos políticos y sociales pone en peligro los cimientos de la democracia y debilita las instituciones y los mecanismos de control. Además, las violaciones a los derechos humanos y el deterioro del bienestar social son consecuencias graves de un gobierno militarizado. Es fundamental defender y fortalecer la democracia, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales como pilares de una sociedad justa y libre.
