Este sábado la periodista filtró información sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa donde revela datos sobre los involucrados en la masacre.
Este sábado la periodista Peniley Ramírez reveló datos en su columna Linotipia sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa con información del documento sin testar realizado por el Grupo Interdiscilpinario de Expertos Independientes (GIEI) entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) y que le fue facilitado por una fuente de la misma FGR.
“Obtuve una copia de ese informe, sin testar. […] Decidí escribirlo con la misma crudeza como aparece en el documento con los criminales hablando de los estudiantes como si fueran animales. No lo logré. Los mensajes muestran la deshumanización y violencia de algunos sectores de la sociedad mexicana, que deberían obligarnos a reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal como país”.
De acuerdo con la periodista, su fuente decidió entregarle el documento porque consideró que había información que necesitaba ser publicada ya que aporta nuevas pistas sobre el caso y debían ser investigadas.
La columna fue complementada con un hilo en Twitter, en el que Ramírez compartió capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre los criminales donde relatan desde la retención de los estudiantes hasta cuando José Luis Abarca, identificado como A1, ordena la ejecución de todos los normalistas, así como la forma en que los asesinaron, se encargaron de esparcir los restos y cuando dieron muerte a los seis normalistas que permanecieron vivos hasta el 30 se septiembre.
De igual manera, se revela que Tomás Zerón negociaba con José Luis Abarca para que asumiera la autoría intelectual del crimen y luego saliera del país. Mientras el escándalo del crimen crecía los días y semanas posteriores, los sicarios se dedicaron a mover los restos al interior del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, al que los padres de los normalistas intentaron ingresar en diversas ocasiones.
Respecto a la filtración, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, pidió a la Fiscalía una investigación sobre la desclasificación del documento, a la vez que condenó dicha acción como irresponsable y en detrimento de padres y madres de los estudiantes desaparecidos
“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”.
Por lo pronto, no será la periodista Peniley Ramírez a quien se le acuse sino a la persona funcionaria pública quien le facilitó la información.
Por su parte, el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se sumó a las críticas por la filtración y subrayó que la acción revictimiza a las familias de los estudiantes, además de que los datos continúan bajo el análisis del Grupo Interdiscilpinario de Expertos Independientes (GIEI)
“Recordamos que ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa. No acompañamos la pretensión de denunciar penalmente a jueces por las recientes absoluciones. Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas pues por sus acciones y omisiones se llegó a este extremo”.
Con información de Radio Fórmula.
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