Estas son las amenazas y consecuencias del Plan B electoral, según el Informe Técnico presentado por el INE.
Plan B electoral es un peligro para el sistema electoral
El Consejo General del INE presentó en días pasados un Informe Técnico que detalla las implicaciones negativas que el Plan B electoral tendrá para la democracia.
En sesión, las y los consejeros coincidieron que las reformas constituyen un peligro para el sistema electoral de México, representa la pérdida de autonomía del INE y limita su presencia territorial. Además de que traerá como consecuencia la eliminación de áreas fundamentales y la obstaculización de los procesos de fiscalización.
Lorenzo Córdova, consejero presidente, anunció que la Secretaría Ejecutiva del Instituto comenzará a interponer todos los recursos jurídicos contra el Plan B.
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Las 10 principales amenazas del Plan B al INE
De acuerdo con el diagnóstico, estas son las 10 principales amenazas del Plan B electoral contra el INE:
- Debilitamiento operativo del INE. Las reformas plantean modificar la estructura territorial y eliminar 8 de cada 10 plazas del Sistema Profesional Electoral. Esta reducción dificultará las labores de credencialización, monitoreo de medios, atención a quejas y fiscalización de partidos políticos, entre otros. Por consiguiente, la confiabilidad del voto estará en entredicho.
- Se comprometen privacidad de datos personales de electores. El hecho de que los Módulos de Atención Ciudadana sean traslados a inmuebles públicos, compromete el hospedaje de datos personales, ya que se hará en instalaciones donde el INE no tiene control.
- Fiabilidad del conteo de votos. Reducir de nueve a seis meses la organización de elecciones arriesga la integración de Mesas de Casillas y capacitación de funcionarios y supervisores. Esto pone en peligro la integración debida de paquetes electorales, propicia un mal conteo de votos y, por lo tanto, los cómputos distritales. Aunado a ello, implica conflictos electorales entre operadores políticos al cierre de casillas.
- Reformas podrán hacerse de último minuto. La modificación del inicio del proceso electoral tiene como consecuencia que se deja un amplio margen para establecer nuevas reglas en la materia. Lo que deja poco tiempo a las autoridades para prepararse ante dichos cambios y “crea incentivos para generar cambios normativos ventajosos para el poder”.
- Se afectan labores de fiscalización. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá que solicitar a Hacienda la información económica de un candidato, lo que puede tardar meses; pese a que se tiene un instrumento de fiscalización en tiempo real.
- Facilita comisión de delitos electorales. Se elimina la sanción relativa a la pérdida de registro como persona precandidata o candidata en caso de no presentar informes de gastos. Igualmente, no se aplicará la nulidad de elección en caso de exceder el tope de gastos de campaña. Las autoridades deberán aplicar de manera literal las reglas, sin interpretación. Lo que dejará sin sanciones gastos no comprobados, aportaciones externas, reportes falsos, y acciones que no estén reconocidas en la ley.
- Asfixia presupuestal. El INE deberá implementar los cambios sin recursos adicionales. Esta disposición elimina el fideicomiso para prestaciones laborales de trabajadores y complica el mantenimiento y ampliación de infraestructura electoral, así como de los módulos de atención ciudadana. Prohíbe generar ahorros, ya que cualquier excedente deberá ser regresado a las arcas del Gobierno Federal. Además, el INE de su bolsa deberá pagar las liquidaciones de los trabajadores que serán dados de baja.
- Facilidades para partidos políticos. Permite que los partidos políticos puedan resguardar recursos públicos para usarse en procesos electorales posteriores. Acción que atenta contra el principio de equidad en la contienda. También se permiten transferencias ilimitadas entre estructuras nacionales y locales, lo que también obstaculiza la fiscalización.
- Discriminación de grupos minoritarios. Limita a 25 la cuota mínima de candidaturas de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de la diversidad sexual. Las medidas del INE permitieron en el pasado proceso 65 candidaturas a estos sectores, de modo que el cambio representa un retroceso.
- Funcionarios podrás hacer campaña a favor de personas candidatas o precandidatas. Los cambios a la Ley General de Comunicación Social modifican el concepto de propaganda gubernamental, lo que permitirá que funcionarios públicos puedan promover acciones, logros o programas de gobierno. Permitidos por el derecho a la libertad de expresión y porque las campañas no son financiadas con presupuesto de comunicación social.
Designación de Piña da esperanza para revertir Plan B
Partidos de oposición han presentado acciones de inconstitucionalidad. Mientras que la Secretaría Ejecutiva del INE tiene la instrucción de interponer todos los recursos legales a su alcance. La designación de Norma Lucía Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte da esperanza para revertir las reformas.
Hace una semana, organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento contra el Plan B. Así mismo, hicieron un llamado a la ciudadanía, al Senado y al Poder Judicial a poner un freno a las reformas por considerarlas una regresión a la democracia en México.
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Con información de EME EQUIS.
