Con el plan B electoral de AMLO, 8 de cada 10 empleados del Sistema Profesional Electoral del INE serán despedidos y se gastarán 3.5 mil millones de pesos en indemnizaciones, lo que contradice el discurso de “austeridad” y revela que el presidente busca el control del órgano electoral.
Pregonar “austeridad” es solo un discurso oficialista
En la sección “Lupa Legislativa” de la revista digital Emeequis, el analista Juan Ortiz desvela las verdaderas intenciones del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señala que, según AMLO, los ajustes estipulados en su plan B electoral afectarán a los altos cargos del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que solo es parte de un discurso oficialista que busca promover una supuesta “austeridad” que al final no existirá, pues los cambios representarán un “derroche de recursos públicos (…) dinero [que] pudo destinarse para asegurar la salud universal, la gratuidad de la educación superior y, de paso, superar el debate sobre los costos del INE”.
En este sentido, Ortiz señala que los cambios en el INE realmente impactarán con mayor fuerza a sus bases, ya que 8 de cada 10 empleados del Sistema Profesional Electoral tendrán que ser despedidos y se gastarán 3.5 mil millones de pesos en indemnizaciones, lo que contradice el discurso de “austeridad” y deja ver que la verdadera intención de esta iniciativa es tener el control del órgano electoral.
“No es ningún secreto que la austeridad es la principal bandera del oficialismo para cambiar las reglas electorales, a unos meses de iniciar el proceso electoral para las elecciones presidenciales de 2024.
Sin duda es un discurso que resuena en un país desbordado por la alta inflación, de bajos salarios y falta de prestaciones laborales. Pero también refleja la incongruencia y la opacidad del gobierno federal“.
Amparados bajo ese discurso cometieron graves actos de
Ortiz advierte que “la austeridad no es el objetivo principal del Plan B”, pues los recursos que se destinan a la Presidencia del Consejo General y a los consejeros electorales solo representan el 1.5% del presupuesto del INE. De esta forma, el órgano electoral deberá usar sus fideicomisos para cubrir los gastos de las indemnizaciones, lo que contrasta con el apoyo recibido por los partidos políticos a partir de ahora:
“Esta camisa de fuerza contra el órgano electoral contrasta fuertemente con las facilidades presupuestales que obtienen los partidos políticos, como generar ahorros que pueden usar en años posteriores.
Incluso para ser usados en año de elección, poniendo en riesgo la equidad de las contiendas”. Otra facilidad, es la transferencia sin límites en partidos locales y nacionales. Dicho de otro modo, el Plan B no es austeridad, es control”.
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Con información de Emeequis
