López Obrador se defiende al afirmar que “su autoridad moral” está por encima de la Ley, pero el INAI lo corrige: “Nadie puede estar por encima de la ley”
El gobierno de Estados Unidos expresó su rechazo hacia las acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, luego de que este exhibiera el número de teléfono de una corresponsal del diario The New York Times durante una rueda de prensa esta semana.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, enfatizó la importancia de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas para informar de manera transparente. Jean-Pierre subrayó que es fundamental que los medios puedan desempeñar su labor sin sentirse acosados o atacados, rechazando así cualquier acción que vaya en contra de este principio
En esta reciente polémica que ha sacudido el panorama político y mediático de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de críticas y acciones legales tras sus declaraciones en las que parecía restar importancia a la legalidad en favor de su “autoridad moral”. Esta situación se intensificó tras la divulgación del número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal del periódico The New York Times en México, durante una de sus conferencias matutinas, conocidas como “la mañanera”.
INAI inicia investigación “de oficio”
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha tomado cartas en el asunto, iniciando una investigación de oficio contra el mandatario por lo que considera una clara violación a las leyes de protección de datos personales.
Adrián Alcalá, presidente del INAI, subrayó la importancia de que todas las autoridades, incluido el presidente, se adhieran a la Constitución y las leyes vigentes, recalcando que nadie está por encima de la ley. La preocupación se centra en la divulgación de información personal sin consentimiento, lo cual pone de relieve la necesidad de respetar y proteger los datos personales de individuos, en este caso, los de una periodista que ejerce su labor informativa.
Por su parte, The New York Times ha respondido a las acciones del presidente López Obrador calificándolas de “preocupantes e inaceptables”, especialmente en un contexto global donde las amenazas contra periodistas están en aumento.
El presidente López Obrador ha defendido su posición, argumentando que su “autoridad moral” le confiere el derecho a poner en tela de juicio el trabajo periodístico, especialmente cuando considera que este último carece de respeto hacia su administración y dijo que si era un problema el hecho de haber compartido los datos personales de la periodista “pues que cambie de número”. Esta defensa ha exacerbado las preocupaciones sobre el respeto a la división de poderes y los principios democráticos que rigen la convivencia cívica en México.
La situación ya ha trascendido las fronteras nacionales, convirtiéndose en un tema de análisis y discusión sobre la libertad de prensa, la ética gubernamental y la protección de datos personales. La investigación del INAI, junto con la atención internacional que ha recibido el caso, subraya la importancia de mantener un equilibrio entre la crítica política y el respeto por los derechos fundamentales, en un momento en que México navega por retos significativos tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
La actitud del presidente en el debate público
Este incidente, lejos de ser un hecho aislado, refleja la creciente fricción entre el gobierno y los medios de comunicación en un contexto en el que la protección de datos personales y el respeto por la ley se han convertido en asuntos de debate público.
Adrián Alcalá, presidente del INAI, ha enfatizado que ninguna autoridad, incluido el presidente, está por encima de la ley, y ha lamentado la falta de reconocimiento de la gravedad que implica la divulgación de información personal sin consentimiento. Estas declaraciones subrayan la importancia de adherirse a los principios de confidencialidad y protección de datos en el ejercicio de funciones públicas, recordando a todos los servidores públicos su deber de respetar las leyes que rigen la protección de datos personales.
Por otro lado, The New York Times ha calificado la actitud del presidente mexicano como “preocupante e inaceptable”, situándola dentro de un contexto global donde las amenazas contra periodistas y la libertad de prensa están en aumento. La defensa del trabajo periodístico y la integridad de sus reporteros por parte del medio estadounidense pone de manifiesto la tensión entre la administración de López Obrador y algunos sectores de la prensa nacional e internacional, en momentos en que la relación entre gobierno y medios se percibe cada vez más polarizada.
La justificación de López Obrador, aludiendo a su “autoridad moral” sobre la ley de transparencia, y su sugerencia hacia la periodista afectada de cambiar su número telefónico, han provocado una oleada de críticas y cuestionamientos sobre la interpretación del mandatario respecto al ejercicio del poder y la responsabilidad gubernamental. Este episodio ha reavivado el debate sobre el papel del gobierno en la protección de la privacidad y los derechos individuales frente a la crítica pública y el escrutinio de sus acciones.
La investigación iniciada por el INAI no solo busca esclarecer y, en su caso, sancionar la divulgación indebida de información personal de la periodista, sino también sentar un precedente sobre la importancia de cumplir con las normativas de protección de datos personales, incluso en el más alto nivel gubernamental. Este caso se convierte en un recordatorio crítico de que la transparencia, el respeto por la ley y la protección de la privacidad son pilares fundamentales en el ejercicio de cualquier cargo público.
La controversia en torno a las acciones del presidente López Obrador y su confrontación con The New York Times abre un capítulo más en la discusión sobre los límites del poder presidencial, la ética gubernamental, la libertad de prensa, y la protección de datos personales. Este incidente subraya la necesidad imperante de equilibrar el ejercicio de la crítica política con el respeto a los derechos fundamentales y las leyes que rigen la convivencia democrática, en un momento crucial para la consolidación de las instituciones democráticas y el estado de derecho en México.
