El Conapred se enfrentó por dos años a retos en su estructura administrativa y falta de presupuesto para sus actividades fundamentales.
El 19 de junio de 2020 Mónica Maccise Duayhe renunció a la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por haber invitado al comediante Chumel Torres a un foro sobre racismo y clasismo.
Dos años después, en julio de 2022, tomó protesta como nueva titular Claudia Olivia Morales Reza, representante de la comunidad wixárika de Jalisco.
El tiempo que la Conapred permaneció acéfala, se enfrentó a diversos retos en términos de reducción de presupuesto, disminución de personal y ajuste en varias de sus áreas.
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Entre las dificultades que sorteó, el Conapred tuvo una importante baja en el número de recepción de quejas contra particulares al pasar de un promedio anual de 819 entre 2011 y 2015 a 187 entre 2019 y 2020.
“[El equipo del Consejo] es muy sólido y logró sacar el trabajo en medio de muchas vicisitudes y adversidades. Gracias a esto, el Conapred nunca se detuvo. Sin embargo, sí creo que estuvimos muy atados de manos porque al final de cuentas se subordinó a Gobernación”.
Lídice Rincón Gallardo, asesora interna del organismo.
Lídice Rincón Gallardo, asesora interna e hija de Gilberto Rincón Gallardo, el primer presidente del Conapred; enfatiza que el contar con una asamblea consultiva mantuvo a flote al organismo.
“Si no hubiera sido por una asamblea fortalecida y sólida, más el gran equipo y las asesorías internas, habría otro matiz, otro rumbo. Pero dimos la lucha. No contra el gobierno, sino contra la estructura pública que tiene tan arraigada y naturalizada la discriminación”.
Además de sortear el trabajo sin dirección, el Consejo también tuvo que operar con menos presupuesto.
En 2019 contó con 183 millones de pesos, mientras que en 2020 bajó a 161 millones. Entre 2021 y 2022 se pasó de 138 a 142 millones de pesos. Una reducción del 0.15 % al tomar en cuenta la inflación.
El gasto también fue menor. De acuerdo con los registros de Compranet, en 2019 las compras ascendieron a 41 millones 377 mil pesos; en 2020, 39 millones 237 mil 314 pesos; en 2021, 35 millones 781 mil 813 pesos; y en lo que va de 2022, solo se han ejercido siete millones 393 mil 60 pesos.
Los servicios de los que se tuvo que prescindir fueron el programa editorial que incluía impresión y reimpresión de libros, comics y folletería. El último presupuesto destinado fue en 2019, después no se volvió a realizar ningún contrato para generar publicaciones.
La Encuesta Nacional de Discriminación que lleva a cabo el organismo junto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía no ha tenido continuidad sólida. 2017 es el último año que concentró datos sobre el panorama de la discriminación en México.
Esa última encuesta reveló que por lo menos cinco de cada diez personas en el país afirmaron haber sido discriminadas por apariencia física, género, situación económica, creencia religiosa, orientación sexual, entre otros.
Aunque en 2022 la encuesta se repitió, hasta ahora no se han publicado los resultados. Lo que, a ojos de Christopher Sánchez Islas, coordinador jurídico de la organización Así Legal, evidencia la falta de estructura gubernamental frente a formas de discriminación históricas en contra de poblaciones vulnerables.
“Tenemos un catálogo bastante amplio de grupos que históricamente han sido discriminados como las mujeres e integrantes de los pueblos originarios. Las políticas que se están tomando por parte del Estado mexicano no están funcionando”
Christopher Sánchez Islas, coordinador jurídico de la organización Así Legal.
Con información de Reporte Índigo.
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