El desarrollo económico en los últimos 50 años no ha sido con una perspectiva de justicia, por ello, la pobreza en México es persistente.
Desarrollo económico sin igualdad
El desarrollo económico en los últimos 50 años no ha sido con una perspectiva de justicia, por ello, a pesar de las cifras, la pobreza en México persiste hasta el día de hoy.
Demetrio Sodi, coordinador nacional de la organización civil Futuro 21, reflexiona en su columna sobre el recorrido que la política económica he tenido desde Luis Echeverría hasta López Obrador y apunta que ni el estatismo, neoliberalismo o populismo han logrado un crecimiento que traiga consigo un desarrollo más igualitario y que reduzca la pobreza.
“Durante estos 50 años, el crecimiento económico y del empleo ha sido insuficiente para ofrecer oportunidades a los jóvenes que se han integrado al mercado de trabajo. La movilidad social se ha acabado y el que nace pobre tiene muy pocas posibilidades de salir de la pobreza. Mas de la mitad de la población trabaja en el sector informal con bajos ingresos y sin acceso a la seguridad social. La inversión privada es baja e insuficiente para impulsar el crecimiento económico que necesita México”.
En su diagnóstico, Sodi menciona diversos factores que contribuyen al fracaso de estas políticas.
Duro diagnóstico
En este sentido, pone en perspectiva el bajo nivel educativo en el país. La mala preparación en las aulas repercute en las oportunidades que más adelante las y los jóvenes puedan obtener para integrarse a la vida laboral. En este campo, sostiene, se continúa en una línea de retroceso, en vez de enfrentar los retos del futuro.
De igual manera, la crisis en el sistema de salud, particularmente la cobertura, afecta a un sector importante para la economía de México: el informal, que representa el 55% del empleo. Los organismos públicos de salud se encuentran rebasados en capacidad por lo que no se garantiza ni a los derechohabientes un acceso oportuno y seguro de atención médica y fármacos.
Otro de los factores para medir el bienestar es la vivienda. Sin embargo, la mitad de la población viven en condiciones de hacinamiento. Las viviendas son construidas sin pensar en brindar espacios de calidad y con los servicios básicos: de agua, drenaje, áreas verdes y deportivas.
El actual gobierno se ha jactado de realizar una mayor inversión pública. No obstante, resulta insuficiente para promover inversión privada y el desarrollo de la economía.
“La infraestructura pública en carreteras, calles, banquetas, agua, drenaje, parques y deportivos esta cada día más deteriorada, sobre todo en las colonias de escasos recursos”.
Sodi continúa enumerando entre los factores el deterioro ambiental que ha impactado en los recursos naturales y afecta irremediablemente ecosistemas, sin que ningún gobierno haga algo para detenerlo o revertirlo.
De la misma manera ocurre con la violencia, que se mantiene en niveles altos. Los elementos encargados de garantizar seguridad no cuentan con la capacidad ni con los recursos. En este sentido, el estado de derecho y el acceso a la justicia es difícil para la mayor parte de la población. Los desmedidos niveles de corrupción ofrecen una justicia para ricos y otra para pobres.
Un nuevo camino
Bajo este diagnóstico, Demetrio Sodi afirma que, ante un México con el gasto público y social más bajo de la OCDE, la vía está en fortalecer al estado.
“Si queremos un México más justo y con oportunidades para todos, necesitamos un estado y un sector privado más fuertes, dar prioridad a la inversión pública y privada, a la creación de empleos y de oportunidades y simultáneamente aumentar gasto público para lograr la igualdad social y un piso más parejo para todos”.
En este sentido, el primer paso que propone está en aumentar los ingresos y el gasto público a través “de una reforma fiscal que recaude más de los que más tienen” y distribuirlos de la siguiente manera:
1%. Transformación y modernización de todo el sistema educativo.
1%. Garantizar el acceso gratuito a la salud preventiva, vacunación, hospitalización, medicinas y traslados.
1%. Vivienda y servicios públicos.
1%. Protección y rehabilitación del medio ambiente y el desarrollo de energías limpias.
1%. Inversión pública en desarrollo y mantenimiento de la infraestructura pública del país.
1%. Seguridad pública y fortalecer el estado de derecho y la procuración e impartición de justicia.
“Cualquier propuesta de gobierno que ofrezca mayor crecimiento económico y aumento de la inversión y el gasto público en educación, salud, vivienda, protección del medio ambiente, justicia y seguridad, sin comprometerse primero a aumentar los ingresos públicos, es solo palabrería. […] No hacerlo es ofrecerle nuevamente a la gente espejismos, como lo han hecho los últimos candidatos y presidentes de la república”.
Con información de El Economista.
