La solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de la descentralización de las dependencias federales ha encontrado diversos obstáculos y, a medida que se acerca el final de su mandato en poco más de un año, parece cada vez más difícil que este proyecto se cumpla.
La iniciativa contra la centralización de las dependencias federales comenzó con el objetivo de aliviar la carga que recae sobre la Ciudad de México, donde se concentran la mayoría de los centros gubernamentales, y así lograr una mayor eficiencia operativa en otros estados de la República.
El Gobierno federal propuso, a corto y mediano plazo, implementar una estrategia más cercana a la sociedad y abordar las necesidades de cada región de acuerdo con la ubicación geográfica de cada dependencia gubernamental, aprovechando sus características particulares.
Hasta la fecha, solo tres dependencias gubernamentales han logrado realizar una mudanza parcial a otros estados, aunque los costos han aumentado debido a razones logísticas y financieras, como el pago de alquiler de edificios, gastos de viaje, salarios y reubicaciones de los directivos en nuevas viviendas.
Una de las instituciones gubernamentales que ha seguido este plan es la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), que aparentemente ha cumplido con la orden federal. En 2021, anunció que la mayoría de su personal estaba en proceso de trasladarse a Sinaloa, argumentando que esta región del país alberga las principales especies marinas y cuenta con una de las industrias pesqueras más importantes de la República.
A pesar de múltiples solicitudes realizadas bajo la Ley General de Transparencia, la Conapesca se niega a revelar los costos asociados con la mudanza y el traslado a este estado. Argumentan que los recursos gastados no pueden ser calculados debido a la reorganización de todas las áreas, por lo que el análisis del impacto financiero está pendiente y será evaluado lo antes posible.
El Insabi y la Secretaría de Salud federal lograron abandonar la Ciudad de México y trasladar sus operaciones al puerto de Acapulco, Guerrero. Sin embargo, hubo inconformidades y renuncias por parte del personal debido a este cambio.
La decisión de trasladar las dependencias gubernamentales a otros estados ha resultado en un inevitable aumento en los presupuestos. Se ha destinado dinero a viáticos, alquileres, comidas y apoyo para combustible.
Además, la mayoría de las dependencias que han implementado este plan de mudanza se niegan a revelar los costos asociados con su cumplimiento.
En algunos casos de las dependencias que comenzaron su descentralización, los altos funcionarios aceptaron mudarse a otras entidades a cambio de incentivos adicionales. Entre estos destaca pagos extra para comidas y apoyo económico para alquilar o comprar casas.
Además, la falta de presupuesto y la resistencia de los trabajadores para dejar la Ciudad de México y trabajar en otros estados han llevado a que la mayoría de las instituciones del Gobierno federal opten por dejar en pausa silenciosamente este plan de descentralización.
De acuerdo con Reporte Índigo, los funcionarios de la Secretaría de Salud enfrentan dificultades debido a los largos tiempos de viaje desde Acapulco hacia la Ciudad de México para visitar a sus familiares.
La Ssa sólo les proporciona un viaje al mes para visitas familiares a la capital del país. Por ello, el resto de los traslados deben ser cubiertos con su salario y previa autorización de sus superiores.
Esta situación ha llevado a que el personal de diversas áreas renuncie en los últimos meses. Lo anterior a causa de la presión para abandonar la ciudad o por la reducción de su salario.
“Es lamentable cómo se hicieron las cosas; porque se abordó este plan de trabajo sin considerar que muchos tenemos familia en la CDMX; irse a otra ciudad implica cambiar hábitos y adaptarse a otro clima”, afirmaron funcionarios que solicitaron guardar en el anonimato sus nombres y cargos.
Según Ricardo Uvalle, un académico de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una de las características fundamentales de la función pública es mantener sus actividades y servicios en funcionamiento sin interrupciones, debido a la gran importancia que tienen para la ciudadanía.
“Generalmente los traslados administrativos se tienen que fijar en una etapa muy clara, esto porque implica una distribución de cargas y recursos. No se puede tomar una decisión así de golpe. Si la tendencia es que migre la administración pública, se tiene que replantear la estrategia para evitar lo que sucede actualmente”, sostiene el profesor.
En la actualidad hay entidades de dependencias en varios estados del país con el propósito de ser enlaces entre los residentes y áreas del gobierno federal. Aunque en los últimos años, se ha disminuido su presupuesto.
A cuatro años y medio, como ya se mencionó, tan solo tres dependencias han acatado la orden presidencial de la descentralización del gobierno federal. Mientras tanto, así van las cosas:
Por otro lado, por cuestiones logísticas y operativas, dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantendrán en su lugar actual.
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Con información de Reporte Índigo.
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