En una sesión que se prolongó hasta la noche del martes, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que representan una suma de más de 15 mil millones de pesos.
El dictamen, avalado con 260 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 196 en contra de PRI, PAN, PRD y MC, además de un artículo transitorio, fue remitido al Senado para su análisis y discusión.
Esta reforma legal modifica el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estableciendo que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
La extinción de estos fideicomisos implica la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que administraba el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, destinados a pensiones complementarias, prestaciones médicas y mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces, entre otros.
Se dispone que en un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigor, se suscriban los convenios de extinción o terminación de estos fideicomisos, cuyas obligaciones deberán ser atendidas con recursos propios.
Asimismo, se establece que los recursos por concepto de aprovechamientos se concentrarán en la Tesorería de la Federación y serán destinados a programas que cumplan con el Plan Nacional de Desarrollo, bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Poder Judicial de la Federación deberá publicar un informe detallado sobre cada fideicomiso extinguido, incluyendo los montos entregados a la Tesorería de la Federación, en un plazo máximo de 7 días hábiles tras la entrega.
La propuesta fue impulsada por el líder de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, y presentada por el diputado Víctor Gabriel Varela López (Morena), quienes defendieron la reforma asegurando que está en línea con la división de poderes y busca fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos a nivel estatal.
Por otro lado, Mier Velazco criticó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, acusándola de defender privilegios y utilizando a los trabajadores del poder judicial como un “escudo humano”. En tanto, el diputado Erasmo González Robledo (Morena), encargado de la fundamentación de la propuesta, subrayó que los recursos de los fideicomisos no se reintegrarán automáticamente a la Tesorería de la Federación, sino que se aplicarán para cumplir con obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, asegurando los derechos correspondientes.
El diputado panista, Oscar de Jesús Almaraz, expresó su preocupación por los efectos que esta medida tendrá en la democracia. Afirmó que el dictamen es inconstitucional y carece de fundamentación normativa suficiente. Argumentó que un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido, como son los fideicomisos creados para un fin específico.
Almaraz subrayó que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir también se han constituido con recursos de los trabajadores del Poder Judicial. Afirmó que la medida contraviene el principio de progresividad. Además, afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores del Poder Judicial.
El diputado priista, José Francisco Yunes, destacó que el dictamen rompe la normalidad constitucional al permitir que un Poder disponga de los recursos de otro. Afirmó que esta reforma atenta contra los derechos y la seguridad social de los trabajadores del Poder Judicial. Esto debido a que los fideicomisos les garantizan prestaciones y derechos laborales.
Para comprender el alcance de la reciente aprobación, es fundamental entender qué es un fideicomiso. Según el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), un fideicomiso es un “contrato mediante el cual una Persona Física o Moral transmite la titularidad de ciertos bienes y derechos a una institución fiduciaria, expresamente autorizada para fungir como tal”. El fideicomiso dispone de los bienes y derechos con el objetivo de cumplir exclusivamente las finalidades señaladas en el contrato y en beneficio de la misma persona que transmitió los bienes o de terceros previamente designados.
El recorte presupuestario planteado implica la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. De los 14 fideicomisos existentes, se exceptúa el Fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal. Este permanecerá sin recorte.
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Con información de El Universal y Aristegui Noticias.
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