En su primera sesión en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) aprobaron la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia que incluye la regulación para determinar si procede actuar penalmente contra el presidente, pero también posee candados para evitar una destitución automática del mandatario.
Durante el tiempo tiempo de su encargo, el mandatario nacional del país podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
Asismismo, el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
En cuanto al Procedimiento para la Declaración de Procedencia, la nueva ley promueve la intervención del Ministerio Público (MP) para la vinculación del funcionario señalado. Es decir: La declaración de procedencia sólo podrá ser formulada por requerimiento del Ministerio Público.
Además del Ejecutivo, la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia también permite juzgar a los gobernadores de los estados, a los diputados a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales.
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