Morena y sus aliados de la Cámara de Diputados aplicaron el famoso “madruguete” a la oposición y aprobaron en el pleno una iniciativa alterna del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual reforma la Ley Minera.
La iniciativa fue aprobada con 290 votos a favor y 186 en contra, con una abstención.
De acuerdo con el documento, la propuesta reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras. Además, otorga la posibilidad de una prórroga de 25 años más y al término de este plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables.
En caso de que lo anterior suceda, la duración total de la concesión podría ser de hasta 80 años.
Además, el proyecto plantea la cancelación de las concesiones en caso de que se presente un riesgo inminente de desequilibrio ecológico y contaminación que ponga en peligro los ecosistemas o la salud pública.
Por ello, se obliga a los responsables a informar de accidentes o incidentes graves en dicha materia.
La iniciativa, también plantea recuperar a rectoría del Estado sobre los recursos del subsuelo para combatir los abusos de algunos privados en la explotación de los bienes de la nación.
Aunado a ello, la propuesta establece la obligación de los concesionarios para llevar a cabo el uso eficiente y reúso del agua y la restauración del recurso hídrico.
La iniciativa también contiene reformas a las leyes de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
Como ya se mencionó, la iniciativa es alterna a la propuesta del presidente de la República, de la cual se anunció el aplazamiento de su discusión hasta el mes de septiembre.
Por ello, Morena retomó las bases presidenciales y presentó a la propuesta como propia, con ciertos cambios, para discutirla y votarla en “fast-track”. Dicho recurso no se puede aplicar cuando se trata de una iniciativa del ejecutivo.
Uno de los principales cambios entre la iniciativa de AMLO y la de morena es que la propuesta del presidente establecía que las concesiones podrían ser otorgadas por un plazo máximo de 30 años, un periodo de 15 años y con la posibilidad de sólo una prórroga por otros 15 años.
Por el contrario, el documento de los legisladores establece hasta 80. En la actualidad las concesiones pueden alcanzar una duración de 100 años.
Además la operación política morenista permitió también reducir de 10 a 5 por ciento el monto de la contraprestación que se debe entregar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o cualquier otro habitante de un terreno concesionado para que ésta “no represente una carga incosteable”.
En cuanto al trato del agua también hay diferencias. AMLO planteaba que a autoridad del agua debe negar las concesiones de uso minero, cuando se determine que las personas interesadas pretenden concentrar más del 30 por ciento del volumen total de disponibilidad media anual de la cuenca, o acuífero de que se trate, una o más permisos y otros títulos para uso y aprovechamiento de agua.
En contraste, la iniciativa de los diputados eliminó ese apartado y dejó la disposición de que, en caso de solicitudes de concesión para el uso industrial de la minería, no se deben otorgar permisos para la profundización de pozos de extracción.
Entre otros cambios a la iniciativa original, señaló que “se precisa la consulta a los pueblos originarios; se consulta el aprovechamiento del agua; se precisa y se armoniza la temporalidad de la concesión de agua y la concesión de la mina; se establece con precisión que deberá ser tratada al menos el 60 por ciento del agua que utilizan; que no va a haber ya concesiones en zonas naturales ni en zonas donde esté sufriendo estrés los mantos hidrológicos, menos en las zonas protegidas; y que ahora las concesiones ya no serán producto de acuerdos o de compadrazgos, sino será a través de licitación pública”.
El sector minero abarca muchos temas, entre ellos el económico y el medio ambiental.
En el caso del segundo, es necesario contar con las legislaciones adecuadas para asegurar el menor impactos en los recursos naturales del país por parte de las grandes industrias, tal es el caso del uso de suelo y sus condiciones, as[i como el uso del agua del territorio mexicano.
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Con información de El Financiero.
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