En su columna de este lunes, Raymundo Riva Palacio dio a conocer que una parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Santa Lucía, se está construyendo sobre terrenos privados sin indemnizar, y señala a Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como el principal responsable.
Sedatu se niega a indemnizar a los dueños
De acuerdo con el analista, el Ejército “está metido en un hoyo profundo” por haber construido sobre terrenos que no le pertenecen. Señala que “la punta de la pista principal, la terminal del tren que conectará con el aeropuerto Benito Juárez y una gran extensión donde estará la zona comercial aeroportuaria” son las partes del AIFA cuya construcción se planeó sobre terrenos por los que aún no han sido indemnizados los actuales dueños.
Riva Palacio señala que el responsable de que aún no se pague a los dueños es el titular de la Sedatu, Román Meyer, quien “entrampó al presidente y a la Secretaría de la Defensa Nacional”, por haber declarado el 29 de abril de 2019, las propiedades como “terrenos nacionales”, de acuerdo con lo cual, no se tendrían que indemnizar. Sin embargo, los dueños acreditaron ser los propietarios con documentos del Instituto de la Función Registral del Estado de México y del Registro Agrario.
El Ejército está metido en un atolladero y tuvo que suspender las obras por tiempo indefinido, lo que está elevando los costos. La culpa, sin embargo, no es de los militares, sino del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer.
Román Meyer podría ir a la cárcel
En el texto titulado “¿Cárcel para Román Meyer?”, el analista apunta que actualmente existen decenas de amparos por los predios, e incluso ya se levantaron denuncias en marzo en la Fiscalía General de la República y ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, en las que se pide ejercitar acción penal contra quien resulte responsable.
En la exposición de motivos queda claro que el responsable legal del presunto robo es quien firmó la documentación que llevó a ese delito, el secretario Meyer.
Según la información, el abogado José Rubén Sánchez Solórzano presentó la demanda y argumentó que Román Meyer y María Estela Ríos, directora general de Propiedad Rural, “se apropiaron de cuando menos 500 hectáreas del predio de Xaltocan, una de la decena de comunidades que se han amparado en el perímetro de Santa Lucía, contraviniendo las instrucciones presidenciales de pagar las indemnizaciones que procedieran”. Asegura que los funcionarios se niegan a pagar, a través de “argucias legales y mentiras”, a pesar de contar con los recursos para hacerlo.
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Con información de El Financiero
