“El Pollo”, gobernador electo de San Luis Potosí está envuelto en un escándalo por ocultar al menos 19 propiedades al SAT.
Familia de Ricardo Gallardo Cardona, conocido como “El Pollo”, quien ganó la elección a gobernador de San Luis Potosí el pasado 6 de junio, está bajo investigación federal por no reportar al SAT al menos 19 propiedades adquiridas en los últimos 10 años, con valor de 58.6 millones de pesos en su conjunto.
Durante esa década, familiares y círculo cercano vendieron 15 propiedades por 32.5 mdp. No obstante, ninguna de estas transacciones por compra-venta fueron registradas ante el Servicio de Administración Tributaria, lo cual indica que el origen del dinero es desconocido.
Entre la adquisición de propiedades, María del Pilar Cardona Reynosa, madre de Gallardo, y la esposa de este, Ruth Miriam González Silva, compraron un inmueble con valor de 6.6 mdp en Privadas del Pedregal, SLP.
Las hermanas de “El Pollo”, Kimberly Guadalupe y Candy Araceli, también están bajo la lupa, ya que sus patrimonios no corresponden a sus ingresos. Kimberly adquirió en 2016 un inmueble por un millón 750 mil pesos en Privadas del Pedregal, a pesar de que sólo reportó ingresos por 253 mil pesos. Candy, en tanto, compró de contado en 2019 una propiedad por 2 millones 960 mil pesos en la misma colonia.
Además aparece la empresa Tangamanga Andre S.A. de C.V., de la cual son accionistas Ricardo Gallardo Cardona y su hermana Candy, por medio de la cual se adquirieron cuatro propiedades con un valor conjunto de 25.2 mdp entre 2014 y 2018.
Como estas operaciones también se registraron otras por parte de Juan Carlos Negrete Ayala, quien fuera director de Servicio Médico del Ayuntamiento de Soledad y adquirió en 2017 una casa por 3.3 millones, mismo año en que vendió una casa por 1.8 millones
En 2014 y 2015 reportó en ceros su declaración anual, mientras que de 2016 a 2018 reportó ingresos por montos de entre 72 mil y 79 mil pesos.
No sólo es el tema de las propiedades, junto a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, son investigados por la FGR por crear una red de lavado de dinero y saquear cerca de 734 mdp cuando cumplieron sus funciones como alcaldes de los municipios de Soledad de Graciano y San Luis Potosí.
Con información de Reforma.
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