Según el Índice de Estado de derecho (IED) en la mayoría de las entidades hay un deterioro y muchos retrocesos en la materia. De no mejorar, esto seguirá impactando directamente en factores como la caída de la inversión privada y el estancamiento económico del país.
Retrocesos en Estado de derecho
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho (IED) en México 2021-2022, elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP), en una gran parte de las entidades del país hay estancamiento y retrocesos en la materia. Según el análisis de expertos, entre los grandes pendientes del país para garantizar un Estado de derecho se encuentran los altos niveles de corrupción y la impartición de justicia. En este sentido, explica que hay tres tendencias que han causado su deterioro: “el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción”.
“El Estado de Derecho en México, medido desde las entidades federativas, es precario”, señaló el director de proyectos de Estado de Derecho del WJP, Alejandro González Arreola. Cabe en este punto señalar que ningún estado obtiene una calificación perfecta (0.5), aunque es Querétaro, con 0.49 el que obtuvo la mayor puntuación, según el informe presentado ante la Cámara de Senadores por González Arreola.
“El promedio de las 32 entidades federativas es 0.41, lo cual establece el tamaño de la brecha que tenemos por delante para llegar al estadio idóneo al que queremos aspirar”.
¿Cuánto sacaron?
En el país hubo 14 entidades con un retroceso en la puntuación general que obtuvieron en el IED (Campeche, Chiapas, CDMX, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), otras 12 siguieron igual (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y solo seis lo aumentaron (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).
En entrevista con el diario El Economista, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que el problema de corrupción e impunidad continúa a lo largo del país, además de la polarización, y que los gobiernos estatales “han aprovechado que el presidente ‘jala la marca’ mediática para evitar ser evaluados apropiadamente por la calidad de sus instituciones y de sus gobiernos”.
“La corrupción administrativa está creciendo y que los grandes casos de corrupción siguen impunes. Y también que las redes que participan en estas tramas o les dan protección a los involucrados siguen activas”.
Sin confianza no habrá crecimiento
Tener un Estado de derecho debilitado puede destruir la confianza para la inversión nacional y extranjera y posicionarse como uno de los factores que más influyan en el estancamiento económico de un país. En este sentido, en México las acciones anticorrupción no han sido eficientes ni acertadas y la impunidad de la delincuencia impera, lo que podría conducir al país a una ausencia evidente de Estado de Derecho con lo que crecerá la desconfianza y se inhibirán cada vez más las inversiones.
“No hay sociedad civil, no hay confianza en la procuración e impartición de justicia en la materia penal y se percibe un grado mayúsculo en temas de corrupción”, señala para El Economista José Fernández de Cevallos, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), quien califica como “gravísimos” a los resultados del IED.
“Cuando hay retroceso en el Estado de Derecho lo que impera, por desgracia, no es el derecho, el orden jurídico, la ley, sino factores reales de poder que muchas veces se traducen en cuestiones paralegales, poderes de hecho que son los que rigen la vida de los mexicanos en muchas partes de la República”.
Con información de El Economista
