En un contexto de desafíos sin precedentes, México enfrenta un dilema fiscal que podría tener repercusiones profundas en el tejido social y económico de la nación. Las finanzas públicas, un pilar fundamental para el desarrollo y la estabilidad de cualquier país, se encuentran en una encrucijada crítica. A lo largo de 2023 y con las proyecciones hacia 2024, centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil han expresado una creciente preocupación sobre la gestión fiscal del Gobierno federal, señalando un panorama que podría comprometer no solo la estabilidad económica del país sino también los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como la salud y la educación, por citar algunos.
Esta alerta crítica sobre el futuro fiscal y social de México surge de una coalición de voces autorizadas: México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México ¿Cómo Vamos). Estas organizaciones, pilares en el análisis y la crítica constructiva de las políticas públicas en México, unen esfuerzos para arrojar luz sobre la encrucijada financiera que enfrenta el país y sus posibles repercusiones en el tejido social.
Vamos a ponerlo en términos sencillos: imagina que México es una gran casa donde todos vivimos. La casa necesita mantenimiento constante: hay que asegurarse de que las tuberías no tengan fugas, que la luz funcione y que todos tengamos suficiente para comer y cuidarnos. Pero resulta que el dinero que teníamos guardado para eso (principalmente de vender petróleo, algo así como el negocio familiar) ya no rinde como antes. Entonces, ¿qué hace el dueño de la casa? Empieza a recortar gastos: compra menos comida, apaga las luces más temprano, y deja de arreglar las cosas que se descomponen.
En la vida real, esto se traduce en menos dinero para cosas super importantes como hospitales, escuelas, y policías. Si antes ya era complicado conseguir una cita médica o que arreglaran los baches de tu calle, ahora imagina que será aún más difícil.
Además, para tratar de tapar ese hoyo de dinero, el gobierno ha pedido prestado, algo así como sacar varias tarjetas de crédito. El problema es que, al igual que en una familia, si te endeudas mucho, después una gran parte de lo que ganas se va solo en pagar esas deudas, y no en comprar lo que realmente necesitas.
Para los ciudadanos comunes, esto significa que podrías ver menos servicios (como que se lleven la basura menos días a la semana o que las calles estén más oscuras porque hay menos lámparas encendidas), y además, que el gobierno tenga menos capacidad para ayudar a quien más lo necesita. Y no solo eso, sino que en el futuro, si seguimos así, el gobierno podría tener que aumentar impuestos para pagar todas esas deudas, lo que nos afectaría aún más en el bolsillo.
En pocas palabras: menos dinero para lo importante y más preocupaciones para todos. Es como si la casa en la que todos vivimos se estuviera cayendo a pedazos y, encima, debiéramos dinero al banco. No suena nada bien, ¿verdad?
La recaudación tributaria en México ha alcanzado máximos históricos, una hazaña que, sin embargo, no ha sido suficiente para contrarrestar la significativa disminución de los ingresos petroleros. Esta situación ha llevado al Gobierno a implementar recortes en áreas críticas como la salud pública, la educación y la seguridad, afectando directamente el bienestar de la población y poniendo en riesgo el desarrollo sostenible del país.
El endeudamiento público ha seguido una trayectoria preocupante, aumentando a un ritmo que podría tornarse insostenible a mediano plazo. A esto se suma la reducción del gasto federalizado, es decir, los recursos transferidos a los gobiernos locales, lo que representa una disminución en la inversión en servicios esenciales a nivel regional y municipal.
La caída de los ingresos petroleros es un fenómeno que no se ha podido compensar, evidenciando la ausencia de un plan robusto para sustituir esta fuente de financiamiento. Esta situación es crítica, considerando la rápida ‘despetrolización’ de las finanzas públicas mexicanas en las últimas décadas. Aunado a esto, la reducción de la carga fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la postergación en el pago de derechos han mermado aún más los ingresos petroleros, sin que se vislumbre una estrategia para revertir esta tendencia.
El incremento en los ingresos tributarios, aunque significativo, ha sido insuficiente para cubrir esta brecha, llevando al Gobierno a realizar ajustes en el gasto público que han tenido consecuencias directas en la calidad de vida de la ciudadanía. Los recortes han impactado negativamente en sectores clave, limitando el acceso a servicios esenciales y comprometiendo la inversión en infraestructura y desarrollo.
El panorama para 2024 no es alentador. El endeudamiento proyectado comprometerá aún más la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos como la salud, la educación y la seguridad. Esta situación hace imperativo replantear la estrategia fiscal y económica del país, buscando alternativas sostenibles y equitativas que no solo aseguren la estabilidad fiscal sino que también promuevan el desarrollo social y económico.
La situación patrimonial de Pemex es especialmente alarmante. La empresa, lejos de recuperar su solidez financiera, continúa acumulando pasivos a un ritmo preocupante, lo que obligará al Gobierno a destinar aún más recursos para su sostenimiento, en detrimento de otras áreas prioritarias.
Frente a este escenario, los centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil consideran que es fundamental que el Gobierno federal desarrolle e implemente una estrategia fiscal y económica que priorice la sostenibilidad a largo plazo y el bienestar social. Esto implica diversificar las fuentes de ingresos, fortalecer la recaudación tributaria de manera equitativa y promover una gestión eficiente del gasto público.
La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana serán clave en este proceso. Solo a través de un diálogo constructivo entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado se podrán encontrar soluciones innovadoras y consensuadas que permitan a México enfrentar los retos fiscales y sociales con una visión de futuro.
La estabilidad fiscal y el desarrollo social no son objetivos mutuamente excluyentes. Por el contrario, son complementarios y esenciales para construir un México próspero, justo y sostenible. La tarea es compleja, pero el futuro del país bien vale el esfuerzo colectivo para redirigir el rumbo de las finanzas públicas hacia un horizonte más prometedor.
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