El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpondrá controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
El IFT prepara controversia constitucional contra el registro de usuario de telefonía móvil al no contar con los recursos para su ejecución. En su presupuesto para este año no contempla una partida para este rubro por lo que representa una afectación directa al instituto.
El Instituto no podría destinar en este momento recursos al PANAUT, debido a que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 no contempla recursos para poner en marcha dicho registro. Por lo que el mandato legislativo para que el IFT lleve a cabo acciones para instalar, operar, regular y mantener el padrón configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo.”
En un comunicado el órgano autónomo se pronuncia por el ejercicio de su autonomía presupuestaria y de sus facultades, las cuales encuentran en este ley una contraposición a los artículos 6 y 7 de la Constitución.
Ante la decisión, especialistas afirman que esta resolución es positiva en tanto que los amparos no serían suficientes para frenar la obligatoriedad de entregar datos personales para toda la sociedad. Además de procurar la defensa de los derechos digitales de los sectores mas vulnerables.
La controversia ataca el fondo del tema a favor de los ciudadanos, entonces el IFT está pensando en la colectividad y no tengo duda de que esta iniciativa [el padrón] ha sido el ataque más certero contra los derechos de conectividad de los ciudadanos.”
Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law
Esta acción de inconstitucionalidad se suma a la ya interpuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra la reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque vulnera la privacidad de las personas y sus datos privados.
Por su parte, Michel Hernández, director de Observatel, pone en perspectiva que la razón fundamental del recurso empleado por el IFT sea una cuestión de presupuesto dejando en segundo plano lo que en términos del objeto constitucional del instituto representa la puesta en marcha del padrón.
Jurídicamente, el tema y el fondo de la controversia que se interponga habrá que ver cómo se plantea, pero me parece que pesa más el tema de que al final de cuentas el IFT es un organismo garante de derechos humanos y uno de esos es la conectividad o el acceso a servicios de telecomunicaciones y así se debería plantear la discusión frente a la Corte.”
El IFT estima que tendrá que solicitar a Hacienda 109.9 millones de pesos ya que solo para este ejercicio fiscal cuentan con mil 510 mdp, 41.1% menos que el presupuesto manejado en 2014.
Con información de El Universal.
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