La opinión pública, organizaciones civiles y colectivos influyeron para frenar la reforma al TEPJF, que reduce sus atribuciones y afecta a las minorías. Tras ello, la iniciativa, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, quedó en pausa y se modificará la próxima semana.
La falta de consenso, sumada a la presión ejercida por las organizaciones civiles y el rechazo de la opinión pública ante la medida, lograron detener la discusión en San Lázaro sobre la iniciativa de reforma que limita la participación política de las minorías sociales, al acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Debido a la presión ciudadana y al rechazo a la reforma que han expresado varias senadoras, los legisladores señalaron que buscarán “socializar” una nueva propuesta a la iniciativa que habían aprobado previamente los partidos Morena, PT, Verde Ecologista, PAN, PRI y PRD.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, el único partido que no estuvo de acuerdo con la iniciativa, catalogó al freno de la reforma como “un triunfo de los ciudadanos”.
Tras el llamado de colectivos feministas y organizaciones sociales a frenar la iniciativa, el grupo parlamentario del PAN, que en un inicio votó a favor de la medida, decidió finalmente abandonar las negociaciones mientras se intentaban resolver las inconformidades presentadas por 90 legisladoras (60 de ellos de Morena) y salvar la iniciativa, por lo que no se pudo llegar a un acuerdo.
En este contexto, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que se aplazaría la discusión y dio a conocer el acuerdo firmado por los coordinadores de Morena, PT, Verde Ecologista, PAN, PRI y PRD, en el cual aceptan buscar una nueva redacción ante las presiones sociales, por lo que se aplazará su discusión para la siguiente semana:
“Frente a la opinión pública, manifestamos que hasta ahora no se han logrado los consensos para aprobar esta reforma y, frente a los cuestionamientos de la opinión pública respecto de la misma, queremos informar que seguiremos trabajando para legislar, como es nuestra obligación, en favor de las y los mexicanos, siempre respetando los derechos de las mujeres, de las minorías y en favor de la democracia”, indica un oficio presentado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, coordinador de Morena, con la firma de los seis líderes parlamentarios.
Más de 15 organizaciones que luchan por los derechos político-electorales de las mujeres, procedentes de todo el país, han solicitado a la Cámara de Diputados que rechace la propuesta que pretende limitar las competencias del TEPJF, al considerar que esto representaría un paso atrás en la democracia mexicana.
Muriel Salinas, quien preside la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y es parte de Equipos Feministas y la Red de Mujeres en Plural, afirmó que limitar las facultades del Tribunal Electoral tendría una tendencia autoritaria, lo que sería un paso atrás en la paridad sustantiva, aumentaría la violencia política de género y reduciría la posibilidad de que más mujeres lleguen a cargos públicos, especialmente como alcaldesas y diputadas locales.
La Red de Mujeres en Plural, a través de un comunicado, llamó a las diputadas federales de la LXV Legislatura a mostrarse en contra de la iniciativa:
“A estos cambios no los motiva una reflexión profunda, democrática y plural como debe ser aquella que preceda cualquier reforma a nuestra Carta Magna. Se trata, en cambio, de una propuesta generada en el seno del núcleo duro de la Jucopo, compuesto exclusivamente por hombres que, al amparo de los liderazgos partidistas que representan, buscan arrogarse la posibilidad de que la paridad y las acciones afirmativas -que han permitido avanzar en el acceso al poder de las mujeres y grupos vulnerados- queden sometidas al arbitrio de los partidos políticos.
En México, las mujeres ya hemos vivido lo que significa la igualdad cuando no está al amparo de las autoridades jurisdiccionales: una simulación en la que los partidos -y más claramente sus liderazgos patriarcales- deciden cuándo, cómo, quién y a cambio de qué accede al poder.
El contar con herramientas jurisdiccionales para combatir estas arbitrariedades es lo que permitió que México sea punta de lanza en la integración paritaria, plural y diversa de sus legislaturas, tanto a nivel federal como en los estados de la República. Desmontar el andamiaje legal que lo ha hecho posible es una clara regresión para nuestros derechos político electorales, mismos que son, no lo olvidemos, derechos humanos.
Compañeras diputadas, son ustedes herederas de los esfuerzos de quienes las precedieron en la lucha por la igualdad en este país, pero, sobre todo, son custodias de esta herencia para las nuevas generaciones que buscan, desde el ámbito público, transformar a México. Hoy, las mujeres somos el 50 por ciento del Congreso, no hay legislación que pueda aprobarse sin nuestro apoyo, hagamos sentir esa fuerza evitando todo retroceso. Si no, que esta nación, compuesta en su mayoría por mujeres, se los demande“.
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Con información de Excélsior, La Jornada e Infolliteras
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