La nueva mafia del poder: clanes morenistas controlan puestos clave

El acaparamiento de familiares y amigos de funcionarios morenistas le cuesta al país 100 millones de pesos en sueldos y salarios.

Nepotismo indirecto en todo el Estado

Las redes de familiares que funcionarios de primer nivel de la 4T han creado en la administración pública federal son amplias y ocupan puestos clave que, si se suma en términos de nómina, cuestan al país 100 millones de pesos.

La colocación de estos personajes que comparten lazos de sangre o amistad están presentes en diferentes áreas como seguridad, función pública, energía; así como en el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Los Romero Oropeza, los que más cuestan al erario

El titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, tiene a 11 familiares percibiendo del erario 11.3 millones de pesos anuales. Así se constata en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el monto contempla el sueldo bruto y las prestaciones anuales.

Además de sobrinos y primos que laboran dentro de la empresa, está su esposa María Eugenia Lozano como secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud. Así mismo, su hermana María del Carmen Romero Oropeza se desempeña como actual subdirectora del DIF nacional.

En segundo lugar, se ubica la familia Hernández Escandón bajo el liderazgo de Adán Augusto López, secretario de Gobernación. En esta red están incluidos Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, quien es su cuñado, así como la hermana del secretario, Rosalinda López Hernández, quien es administradora general de la Auditoría Fiscal en el Sistema de Administración Tributario (SAT). Su permanencia en el gobierno cuesta 4.4 millones de pesos anuales, siendo los salarios del titular de Gobernación y del Ejecutivo chiapaneco los de mayor monto.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, mantiene al grupo Gómez-Concheiro. Su excuñado Francisco Luciano Concheiro, se desempeña como subsecretario de Educación, mientras que María Elvira Concheiro Bórquez, su exesposa, ocupa la titularidad de la Tesorería de la Federación. En esta línea familia, su hermano Juan Luis Concheiro Bórquez es director de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

La sobrina de Gómez, Galia Borja Gómez, es subgobernadora de Banxico y extesorera de la Federación. El salario de estos personajes cuesta al menos 8.7 millones de pesos anuales, tomando en cuenta el salario bruto de los funcionarios.

Por su parte, Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene en el gobierno a su esposa Alejandra Camacho González como gerente de capacitación de Pemex, y a Carmelina Esquer Camacho, directora de Pemex Procurement International, con sede en Houston, EE. UU., y quien recientemente compró una casa en esa ciudad. La paga por sus sueldos es de 7 millones de pesos anuales.

El clan Alcalde Luján tiene su raíz en el puesto que Luisa María Alcalde Luján detenta como titular de la Secretaría del Trabajo. Son al menos nueve familiares en cargos públicos, lo que cuesta 8.1 millones de pesos anuales al erario por sueldos y salarios.

Ignacio Mier Velazco, líder de los diputados de Morena, extiende su poder con su hijo Ignacio Mier Bañuelos, alcalde de Tecamachalco, Puebla, y su hija Daniela Mier Bañuelos, diputada local en el mismo estado. Mantenerlos cuesta 2.4 millones de pesos.

El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, también tiene a familiares en varios puestos del Gobierno. Su hermana, Leticia Guadalupe Delgado es secretaria Técnica de la Comisión de Vigilancia del Issste, su primo Mario Miguel Carrillo es diputado federal, su tío Ricardo Guízar Medina, es funcionario en la Ciudad de México, y José Luis Corona Pacheco es vicepresidente de Tecnologías de la Información y Planeación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Funcionarios han abusado de sus cargos

Marcos Pérez Esquer, abogado, señaló que el Gobierno de la cuarta transformación ha abusado de los nombramientos de familiares lo que contraviene una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es combatir la corrupción desde abajo.

El especialista abundó que la mayor afectación es en términos simbólicos, debido a que AMLO llegó al poder con la “bandera de la lucha anticorrupción” y estos casos resultan incongruentes con su política. Puntualizó que la creación de redes familiares puede alentar conflictos de interés, tanto en decisiones prioritarias para el país como en el ejercicio de recursos.

“Fácilmente se pueden convertir en redes de corrupción, de conflicto de interés, de tal suerte que podrían derivar en un mal público, yo creo que deberían de evitarse, pero bajo la premisa de que se deben ganar (los cargos) por concurso, así ya no importaría si es pariente, pero si no es por concurso, debería de evitarse a toda costa”.

Entre las recomendaciones que plantea para evitar esta situación está poner candados en la ley para los nombramientos de familiares, robustecer el Servicio Profesional de Carrera y ampliar el control parlamentario de las designaciones. Con ello se brindaría mayor transparencia a los procesos y, en su caso, evidenciaría cuando se intente colocar a allegados en puestos claves.

Con información de 24 Horas.