Justo un día después de finalizar las campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral finalmente aceptó que las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron utilizadas como herramienta de propaganda política. Jaime Rivera, INE, ha destacado la lamentable utilización de esta plataforma, la cual, en palabras del propio consejero, interfirieron en el proceso electoral del 2 de junio, violando no solo la legislación sino también principios constitucionales. La ironía del “descubrimiento” subraya una realidad conocida pero frecuentemente ignorada por las autoridades hasta ahora.
Uso inadecuado de las conferencias
Las mañaneras, destinadas a informar al público, se convirtieron en un espacio de promoción electoral para el partido en el poder y sus candidatos, según se ha denunciado. A pesar de recibir múltiples llamadas de atención, el presidente continuó con esta práctica, ignorando al menos 50 advertencias de las autoridades electorales. Esta actitud persistente pone en cuestión la separación entre el estado y el uso de sus plataformas para fines partidistas. La constante repetición de este patrón ha evidenciado una falta de responsabilidad y un desafío flagrante a las normativas establecidas.
El Instituto Nacional Electoral ha emitido innumerables medidas cautelares dirigidas no solo al presidente, sino también a figuras clave como el vocero Jesús Ramírez y Sigfrido Barjau, responsable de Cepropie. Estas medidas buscan frenar la influencia indebida en varios procesos electorales clave, incluyendo los comicios en el Estado de México y Coahuila, así como las elecciones federales de 2024. A pesar de estas acciones, las conferencias continuaron hasta finales de mayo, con el presidente optando por suspenderlas temporalmente solo días antes de la votación. La reacción tardía del presidente a las advertencias subraya un desdén aparente por las directrices electorales, exacerbando las tensiones con las autoridades reguladoras.
Costos y sanciones elevados
La gestión de las conferencias mañaneras ha excedido consistentemente el presupuesto aprobado, con Cepropie gastando un 127% más de lo estipulado solo en 2023. Desde el inicio del mandato de López Obrador, el costo total de transmisión de las mañaneras ha ascendido a 439 millones de pesos, una cifra que supera en un 150% lo inicialmente presupuestado. Este excesivo gasto financiero resalta la priorización de estas conferencias dentro de la administración actual. El desbordamiento del presupuesto ha planteado serias preguntas sobre la gestión de recursos públicos y la justificación de tales gastos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha amonestado públicamente al presidente por no eliminar contenido electoral indebido de las mañaneras. Las sanciones reflejan una preocupación constante por el presunto uso indebido de recursos públicos y la promoción personalizada durante periodos electorales prohibidos. Este patrón repetido de violaciones subraya problemas más profundos dentro de la gestión gubernamental y la conducta electoral. Las sanciones recurrentes también resaltan la resistencia del gobierno a cumplir con las regulaciones, poniendo en riesgo la credibilidad del sistema electoral.
Críticas y desinformación
Según informes de Artículo 19, la mayoría de las afirmaciones hechas durante las mañaneras son incomprobables y, a menudo, falsas. Un informe reciente reveló que de 34 solicitudes de verificación de datos hechas a la presidencia, solo en dos ocasiones se proporcionaron documentos que sustentaban los dichos del presidente. Esta falta de transparencia es especialmente crítica dado el contexto electoral y la influencia que tales declaraciones pueden tener sobre la opinión pública. La continua difusión de información no verificada socava no solo la integridad del discurso público sino también la confianza en el liderazgo.
Estos hallazgos y acusaciones pintan un cuadro de manipulación mediática y desdén por las normativas electorales, comprometiendo la neutralidad y la integridad del proceso electoral. Con cada violación confirmada, se cuestiona más la capacidad del gobierno para separar sus funciones administrativas de las campañas políticas, enfocando la atención en la necesidad de reformas sustanciales para preservar la democracia en México. La falta de medidas correctivas efectivas después de tantas violaciones apunta a una posible complacencia institucional que podría tener consecuencias duraderas para la democracia mexicana.
