La polémica por la cerrazón de los senadores de las bancadas afines al oficialismo para nombrar a los nuevos comisionados del Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha generado un gran revuelo en México. En respuesta a los ataques del presidente López Obrador hacia el INAI, el instituto decidió lanzar una campaña nacional bajo el lema “que no te hagan pato con otros datos”, con el objetivo de llamar a la ciudadanía a exigir rendición de cuentas a los órganos y dependencias gubernamentales.
El spot publicitario animado presenta a un pato que constantemente ve limitado su derecho a estar informado. El INAI busca así concienciar a la población sobre la importancia de contar con un organismo garante que vele por la transparencia y el acceso a la información pública. Sin embargo, esta iniciativa parece estar dirigida a un público que también utiliza la expresión “me canso ganso”, en clara alusión a las palabras del presidente y al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
Es preocupante que el INAI se encuentre paralizado desde hace 102 días debido a la falta de acuerdo en el Senado para designar a los nuevos comisionados. Con alrededor de siete mil casos pendientes de resolver, miles de ciudadanos no han recibido respuestas satisfactorias a sus solicitudes de información. Esto evidencia una clara negligencia por parte del gobierno, que se niega a entregar la información solicitada y vulnera los derechos de los ciudadanos.
La Constitución Mexicana garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales como derechos fundamentales. No obstante, en la actualidad, estos derechos no están siendo ejercidos ni protegidos adecuadamente debido a las maniobras políticas del Senado y del Ejecutivo para impedir la integración del pleno del INAI. Estas acciones buscan evitar que el instituto pueda sesionar normalmente y cumplir con su labor de garantizar la transparencia gubernamental.
Una de las principales funciones de la Constitución es limitar el poder y proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos. El artículo 6 constitucional establece la obligación de transparentar la actuación del poder y crea un organismo garante para asegurar el cumplimiento de esta responsabilidad. Sin embargo, el gobierno muestra una clara aversión a la transparencia y lleva ya 102 días en la ilegalidad, negándose a cumplir con lo establecido en la Constitución. Esta actitud propicia la opacidad y permite que se lleven a cabo acciones sin rendición de cuentas, como los casos emblemáticos de la Casa Blanca y Segalmex.
Es fundamental tomar conciencia de que al consentir la falta de cumplimiento de la Constitución y la falta de tutela de los derechos humanos, nos convertimos en cómplices silenciosos de este caos jurídico que cada vez gana más fuerza. El hecho de que el INAI se encuentre paralizado por tiempo indefinido y que los nombramientos de nuevos comisionados se vean obstaculizados por las maniobras políticas refleja una clara negligencia por parte de los senadores y del gobierno.
La parálisis del INAI se suma a otros casos en los que órganos autónomos han sido inoperantes debido a la falta de quórum legal en sus plenos. Esto plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario que los senadores trabajen en consenso y cumplan con su obligación de nombrar a los nuevos comisionados del INAI, asegurando así su correcto funcionamiento y el resguardo de los derechos de los ciudadanos.
Mientras tanto, el INAI continúa trabajando en la integración de expedientes y en la capacitación de las oficinas gubernamentales para promover la transparencia. Sin embargo, esta situación precaria pone en peligro la protección de datos y la rendición de cuentas en el país. Por ello, el instituto ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar una solución que permita su funcionamiento con cuatro comisionados.
La cerrazón de los senadores y las maniobras políticas del gobierno han sumido al INAI en una crisis de gobernabilidad. La falta de designación de nuevos comisionados y la parálisis del instituto representan una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos y un incumplimiento de la Constitución. Es crucial que la sociedad exija la pronta resolución de esta situación para salvaguardar la transparencia y la rendición de cuentas en México.
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