En medio de un panorama político tenso, se ha destapado un debate sobre los recortes presupuestales propuestos por el partido Morena en México. Estos recortes están dirigidos hacia dos instituciones clave: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Poder Judicial. Ante dicho escenario, el analista político Juan Ortiz plantea que estos recortes tienen un propósito encubierto: paralizar el trabajo de estas instituciones en defensa de la Constitución y del derecho a la información pública.
En un artículo de opinión en el portal EME EQUIS, el analista recordó que en una conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador esbozó la idea de quitar hasta el 50% del presupuesto al INAI. Simultáneamente, se filtró un audio que reveló conversaciones del Coordinador de los Senadores de Morena, insinuando incumplimientos en la designación de miembros del instituto, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, se evidenció una posible orientación desde Palacio Nacional para rechazar ternas relacionadas con el Tribunal Electoral.
La austeridad como justificación
“Paralelamente, los diputados de Morena empujan una iniciativa para eliminar diversos fideicomisos del Poder Judicial, generando una afectación de hasta 15 mil millones de pesos”, explicó Ortiz
Morena aduce austeridad para justificar estos recortes. Sin embargo, los datos muestran que tanto el INAI como el Poder Judicial nos cuestan menos ahora que hace cinco años”, continuó.
Para 2024, el INAI solicitó un presupuesto de 1,168 millones de pesos, significativamente menor a los 1,475 millones que manejó en 2018. Hablamos de una reducción del 20.3%.
En cuanto al Poder Judicial, proponen un gasto de 84,792 millones para 2024, una disminución del 11.55% respecto a los 95,869 millones de 2018.
Una táctica de extorsión
Ortiz subraya que la suma de estos recortes apenas cubre el 0.8% del déficit presupuestal proyectado para 2024, que se solventará con una deuda de 1.7 billones de pesos. Todo esto apunta a una estrategia gubernamental de extorsionar presupuestalmente a instituciones que no se alinean completamente con la agenda en curso.
“Es evidente la táctica del Gobierno Federal: extorsionar presupuestalmente a instituciones que no se alinean completamente con su agenda”, dijo el analista político.
“Cuando Arturo Zaldívar dirigía el Poder Judicial, Palacio Nacional no tenía objeciones. Ahora que Norma Piña está al frente, y tras varias reformas presidenciales invalidadas como el Plan B de la Reforma Electoral, el presupuesto se convierte en un tema polémico”, aseveró.
Una situación similar ocurre con el INAI, cuyo presupuesto fue problematizado tras exponer actos de corrupción. Con el INAI ocurre algo similar. Cuando su trabajo reveló escándalos como la Casa Blanca y el caso Odebrecht, su presupuesto no era un problema. Pero tras exponer actos de corrupción como la vinculación de Pemex con la Casa Gris, el saqueo de Segalmex y el mal uso del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, de repente, el INAI se vuelve “demasiado caro”.
Ortiz concluye que estos recortes no buscan un uso eficiente del dinero público ni reflejan un genuino principio de austeridad. En realidad, lo que está en juego es el derecho a la información y acceso a la justicia.
“Si la austeridad fuese un principio firme para Morena, no tendríamos el despilfarro de 15 mil millones en Segalmex, ni una deuda récord para tapar el déficit fiscal. Tampoco veríamos cómo proyectos como el Tren Maya triplican sus costos por una mala gestión”, aclaró Ortiz.
“No nos engañemos: estos recortes presupuestales no buscan un uso más eficiente del dinero público ni reflejan un principio genuino de austeridad. Lo que está verdaderamente en juego aquí es algo más profundo y crítico: nuestro derecho a la información y el acceso a la justicia”, precisó.
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Con información de EME EQUIS.
