El Poder Judicial de México se encuentra en medio de una polémica debido a los recortes presupuestales propuestos por el partido Morena, que amenaza con reducir una tercera parte de su financiamiento. Esta medida ha generado un debate acalorado sobre si se trata de una necesaria austeridad fiscal o un intento de controlar la autonomía del poder judicial. En este contexto, el analista político Juan Ortiz comparte su opinión al respecto.
Ante esta situación, detalla Juan Ortiz, la Ministra Presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, respaldada por los miembros más destacados de este órgano, ha argumentado que los recortes no representan una medida de austeridad, sino un ataque directo a su independencia. Por ello, Ortiz señala que esta controversia recuerda el conflicto previo con el Instituto Nacional Electoral (INE), que también enfrentó recortes impulsados por Morena en la Cámara de Diputados.
“Este guión nos resulta familiar. Bajo la dirección de Lorenzo Córdova, el INE enfrentó recortes impulsados por una Cámara de Diputados dominada por Morena y aliados. Ya con Guadalupe Taddei al mando, el gasto electoral pasó a segundo plano”, recordó Ortiz.
¿Poder judicial requiere austeridad?
Para el año 2024, Norma Piña ha propuesto un presupuesto de 84 mil millones de pesos, lo que supone un aumento del 4% ajustado por la inflación. Aunque no se trata de una cifra insignificante, Juan Ortiz señala que este organismo es responsable de impartir justicia en el país y que el presupuesto asignado representa tan solo el 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, o, para ponerlo en perspectiva, menos de un peso de cada 100 del presupuesto federal.
“Desde 2018, el Poder Judicial ha sido ejemplar en la reducción de sus gastos. Aquel año, contó con un presupuesto de 96 mil millones de pesos. Para 2024, este monto se ha reducido en un 11%“, detalló el analista político.
Austeridad, una herramienta de control político
Sin embargo, el analista plantea la preocupación de que el oficialismo esté utilizando la austeridad como una herramienta política para debilitar a instituciones que no se alinean plenamente con la agenda del presidente López Obrador.
“Sin duda, el presupuesto judicial debe ser revisado, al igual que el del Congreso y el Gobierno Federal. Sin embargo, el oficialismo utiliza la austeridad como arma política para asfixiar a las instituciones que no se someten a la voluntad del Presidente“, añadió Ortiz.
Además, Ortiz destaca que las prioridades del gobierno a menudo requieren más recursos de los inicialmente solicitados a la Cámara de Diputados. En 2022, el Poder Ejecutivo ajustó el presupuesto en más de 350 mil millones de pesos, beneficiando principalmente a las dependencias vinculadas a proyectos presidenciales monumentales. Por otro lado, áreas cruciales como la Secretaría de Salud se vieron afectadas con recortes significativos, lo que, según Ortiz, ha tenido consecuencias negativas, como el aumento del número de personas sin acceso a servicios de salud.
“Además, el discurso oficialista de ‘hacer más con menos’ tiene pies de barro. Las prioridades de López Obrador suelen requerir más dinero del solicitado inicialmente a la Cámara de Diputados“, puntualizó.
Recortes presupuestales, la revancha política
El analista advierte que, si los recortes al Poder Judicial se impulsan por motivos de revancha política, esto podría tener un impacto perjudicial en el sistema de justicia y en la lucha contra la impunidad y la violencia en México.
“Entonces, si los recortes al Poder Judicial son impulsados por revanchas políticas, ¿qué futuro nos espera? (…) Ante propuestas de recortes, exijamos un debate técnico que ponga nuestros derechos en primer plano. No se trata de cuánto recortar, sino de cuánto invertir para garantizar derechos”, dijo Ortiz.
Por ello, Ortiz llama la atención sobre la necesidad de enfocar el debate presupuestario en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y en la construcción de un país más justo, haciendo hincapié en que la autonomía del Poder Judicial no es un lujo, sino un requisito fundamental para la democracia.
Juan Ortiz concluye enfatizando que, en lugar de ceder ante rencores políticos, es imperativo que el debate sobre el presupuesto se centre en cómo garantizar un sistema de justicia que sirva a todos los mexicanos. El 8 de septiembre, cuando se presente el Paquete Económico, estará en juego más que una cifra: se pondrá a prueba el cumplimiento de los derechos fundamentales, y es responsabilidad de los ciudadanos informados exigir que la justicia prevalezca sobre la política.
“La autonomía del Poder Judicial no es un lujo, sino un requisito para cualquier democracia que aspire a la justicia y la igualdad. Cada peso destinado debe ser una inversión destinada a la garantía de nuestros derechos y en la construcción de un país más justo”, finalizó el analista político.
Te recomendamos leer: ¿Se han cumplido los compromisos de austeridad y anticorrupción de la 4T?
Con información de EME EQUIS.
