La Cámara de Diputados puso sobre la mesa, desde inicio de la semana, la reforma que pretende limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dicho tema ha borrado las líneas partidistas de las bancadas, por lo que se ha calificado como un golpe de la partidocracia a los órganos electorales.
Ante tal situación, expertos aseguran que no es suficiente con la el actuar de los actores políticos, sino que ya es tiempo de que la ciudadanía tome participación en la agenda política del país.
De acuerdo con la exsenadora Adriana Dávila Fernández, la aprobación de la reforma atentaría directamente contra los derechos político-electorales de los ciudadanos.
“Que hoy se pretenda quitarle facultades al Tribunal Electoral, bajo el pretexto de ‘respetar el principio de autodeterminación’, es simplemente aberrante”, denunció la exfuncionaria.
“Es inconcebible que mientras se va avanzando a golpe de sentencias para hacer valer derechos, los tomadores de decisiones de los partidos políticos busquen entre sí, una alianza con beneficios única y exclusivamente para ellos”, expuso.
La iniciativa de reforma tiene como argumento que los magistrados electorales han excedido sus facultades de interpretación de las leyes y, en consecuencia, creado nuevas normas. El documento incluye sentencias que ha que han echado abajo movimientos irregulares cometidos por los partidos políticos, por ejemplo:
A través de las redes sociales, la diputada trans de Morena, Salma Luévano, advirtió que el Tribunal Electoral “no se toca” y calificó como “regresiva” la propuesta de reforma, debido a que limita las facultades de interpretación del TEPJF, “aliado de los grupos en situación de vulnerabilidad”.
“Hago un llamado a mis compañeres indígenas, afromexicanos, con discapacidad, migrantes y LGBTTTIQ+ que se unan a la voz minoritaria porque juntes digamos: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se toca”, aseveró la diputada por Aguascalientes.
Reiteró que con la iniciativa se busca que “nuestro único aliado ya no pueda emitir sentencias progresistas en materia de inclusión a nuestros grupos en situación de vulnerabilidad”.
“Esto es tan grave como decir que con la reforma se acabará la inclusión porque es evidente que no hay voluntad política para incluirnos a quienes nos encontramos en situación de vulnerabilidad”, precisó.
Por su parte, la exsenadora Adriana Dávila Fernández expresó que en la actual situación, lo único que pueden garantizar los derechos de los ciudadanos es el cumplimiento franco de las leyes. Además, advirtió a la bancada panista, partido al que pertenece, que el aprobar la reforma es “olvidar nuestro origen”.
“Aprobar estas modificaciones es olvidar nuestro origen, nuestra lucha democrática, nuestra formación y lo más grave, el papel histórico que debemos asumir ante un gobierno que rechaza la democracia como instrumento”, indicó.
El magistrado Reyes Rodríguez, presidente del TEPJF, expuso que las resoluciones del tribunal no son moneda de cambio, más bien una defensa de derechos constitucionales para grupos vulnerables y propuso a los diputados discutir la reforma en un parlamento abierto.
“Sería deseable que en la Cámara de Diputados se llevara a cabo un parlamento abierto en relación con las iniciativas que proponen limitar los alcances de control constitucional que lleva a cabo el Tribunal Electoral, particularmente tratándose de acciones afirmativas”, señaló el magistrado.
Ante la situación política del país, expertos aseguran que es primordial la participación ciudadana. Desde el punto de vista de Adriana Dávila, es indispensable como sociedad exigir a los partidos políticos que “entiendan que son un instrumento ciudadano al servicio público y no sólo de unos cuantos”.
Mientras tanto, Movimiento Ciudadano ha aplaudido la acción social, pues refirió que la presión de la Sociedad Civil ha obligado a hacer una pausa en la aprobación de la reforma, debido a los pronunciamientos mediáticos y a la toma de las calles en defensa de temas electorales.
Por ello, es preciso decir que es tarea de los ciudadanos mantenerse informados respecto a los temas electorales que inciden directamente en la democracia de nuestro país y en nuestros derechos político-electorales.
Además, es necesario vigilar el actuar de los nuestros representantes políticos en las distintas esferas del gobierno y pedir una rendición de cuentas ante la sociedad.
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