En el entramado de relaciones y contratos que caracterizan al gobierno actual, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha vuelto a ser el epicentro de polémicas. La reciente contratación de Luis Doporto Alejandre, un experto vinculado a la creación de empresas en paraísos fiscales para ocultar fortunas, para liderar un contrato de aproximadamente 400 millones de pesos en la sexta etapa del Malecón de Villahermosa, despierta preocupaciones sobre la transparencia y la integridad en la asignación de contratos públicos.
Una detallada investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad desentraña los hilos de esta compleja red de vínculos entre la Sedatu, empresarios como Doporto Alejandre, y la red de amigos cercanos al hijo del presidente, Andy López Beltrán. A través de una exploración detallada de los eventos y conexiones, se revelan prácticas cuestionables que arrojan sombras sobre la gestión de recursos públicos en el actual gobierno federal.
La investigación revela que Luis Doporto Alejandre no es un desconocido en el ámbito de los negocios turbios. Con antecedentes en los escándalos de los “Panamá Papers” y los “Paradise Papers”, su habilidad para crear empresas fachada en paraísos fiscales para ocultar fortunas e identidades ha sido previamente documentada. Su participación en el proyecto del Malecón de Villahermosa arroja nuevas interrogantes sobre la debida diligencia en la selección de contratistas por parte de la Sedatu.
La sexta etapa del Malecón de Villahermosa se ha convertido en el escenario de una serie de contratos polémicos que involucran a empresas con conexiones directas e indirectas con la red de amigos de Andy López Beltrán. “Brick Contratistas”, la empresa adjudicataria del contrato por 400 millones de pesos, se encuentra vinculada a “Chelsea Real Estate Fund”, fundada por Doporto Alejandre, y otros actores que forman parte de la red de relaciones oscuras en el entorno presidencial.
La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso de licitación para la sexta etapa del Malecón ha levantado sospechas. Contraviniendo la ley de Obra Pública, la Sedatu redujo significativamente los tiempos, permitiendo solo 7 días hábiles para presentar propuestas, generando dudas sobre la transparencia y la igualdad de oportunidades para los licitantes. El análisis detallado de las propuestas económicas revela decisiones cuestionables que favorecieron a “Brick Contratistas”, a pesar de presentar la oferta más cara.
La trama se complica al descubrir que “Brick Contratistas” comparte accionistas con “Conkrete”, empresa vinculada a etapas anteriores del Malecón y relacionada con la distribución de mobiliario urbano. Este mobiliario, encargado a la marca “Grava y Arena”, propiedad de Hugo Buentello Carbonell, otro integrante de la red de amigos de Andy, ha sido objeto de investigaciones y señalamientos.
La Sedatu, encargada de supervisar y garantizar la integridad en los procesos de licitación, ha mostrado una serie de actuaciones cuestionables. Desde el perdón del incumplimiento que podría haber llevado a la descalificación de “Brick Contratistas” hasta la asignación del contrato a pesar de presentar la propuesta más cara y no cumplir con los plazos establecidos, la Sedatu ha dejado lagunas en la salvaguarda de los recursos públicos.
A pesar de la asignación millonaria, “Brick Contratistas” y su asociada “FT Construcciones” han incumplido con el plazo establecido para la ejecución de la obra. Un informe actualizado revela que, a pesar de haber recibido más del 92% del dinero comprometido por la Sedatu, el avance físico de la obra está significativamente por debajo del programado. Esto plantea preguntas sobre la supervisión y gestión de los proyectos de infraestructura por parte de la Sedatu.
La situación en torno a la sexta etapa del Malecón de Villahermosa demanda una investigación exhaustiva y una rendición de cuentas transparente. Las conexiones entre contratistas, inversionistas, y la red de amigos de Andy López Beltrán plantean serias interrogantes sobre la integridad en la asignación de contratos públicos y la gestión de recursos en el actual gobierno federal. Es imperativo que se aclaren estas irregularidades para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la transparencia en futuros proyectos de infraestructura.
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