¿Qué es el Servicio de Protección Federal (SPF) y por qué en este sexenio aumentó exponencialmente el gasto para su contratación?
El Servicio de Protección Federal SPF es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con la página oficial, su función es:
“La prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los órganos de carácter federal de los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten”.
Se creó durante el sexenio de Felipe Calderón un 9 de diciembre de 2008 y estaba adscrito a la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal. En el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto se destinó para su operación 13 millones de pesos.
Sin embargo, a 2022 Compranet contabiliza 31 convenios con distintas entidades públicas que suman más de mil 190 millones de pesos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó el mayor monto este año por la protección, vigilancia y seguridad de sus instalaciones estratégicas, en total 430 millones 402 mil 160 pesos.
En segundo lugar, se ubica la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con tres contratos por 328 millones 399 mil 694 pesos para la vigilancia de sus inmuebles y personal, así como de la infraestructura hidráulica del Valle de México y del Parque Ecológico Lago de Texcoco.
En tercer puesto, está el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con un contrato por 57 millones 882 mil 414 pesos por seguridad y vigilancia a sus bienes muebles e inmuebles, personal y terceras personas que acudan a sus instalaciones de la Ciudad de México.
Entre otras dependencias que han pagado por los servicios están las secretarías de Energía, Turismo, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
A estos se suman Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Casa de Moneda, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Entre los contratos, destaca uno de siete millones 90 mil 790 pesos firmado con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución educativa que recientemente atravesó un conflicto a causa del nombramiento de su actual director, José Antonio Romero Tellaeche.
Las autoridades del Centro señalaron que la vigilancia estaría a cargo de elementos femeninos desarmados del SPF desde el 31 de diciembre de 2021. La comunidad estudiantil que mantiene un plantón permanente consideró la medida como un acto de intimidación.
El extitular del SPF, Manuel Espino, señaló en 2020 que se estaba cerca de la meta de reclutar 40 mil elementos “hasta lograr que brinde seguridad a todas las instituciones de la Administración Pública Federal”.
El 14 de octubre de ese año, AMLO anunció que dicha corporación se encargaría de la seguridad de todas las oficinas del Gobierno federal en lugar de las empresas privadas como en gobiernos anteriores.
“Ahora hemos decidido fortalecer un servicio federal con esta nueva corporación para que el Gobierno no contrate a empresas particulares, y esta corporación se haga cargo de cuidar las oficinas, cuidar hospitales, cuidar escuelas, todo lo que se debe de proteger. […] Ahora se está fortaleciendo este sistema y ya se firmó un acuerdo para que todas las secretarías contraten este servicio, que ya no se contrate con particulares”.
AMLO
Con información de El Sol de México.
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