El INE está cumpliendo con su responsabilidad para llevar a cabo la revocación de mandado, pero sin vulnerar otros derechos.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la institución que encabeza está en la mejor disposición de cumplir con el proceso de revocación de mandato, sin embargo, el recorte presupuestal avalado por la Cámara de Diputados complica alcanzar dicho objetivo tal como la actual legislatura lo impuso.
Afirmó que no se tiene margen para pensar en un ejercicio como la revocación con menos casillas de las que corresponden a una elección federal, “a menos que queramos violar la ley”. Insistió que los lineamientos con los que fue redactada la ley para la consulta, necesitan forzosamente de los recursos que fueron desechados en el presupuesto solicitado por el instituto.
“Este instituto no va a entrar en una lógica de ponderar lo que son derechos ciudadanos frente al ejercicio de revocación de mandato como por ejemplo la identificación con fotografía. No vamos a poner en la fiscalización, no vamos a poner en riesgo el monitoreo de radio y televisión.”
Confía que mediante la Suprema Corte de Justicia se resuelva la “disyuntiva” y se establezca que el instituto, ante la escasez de recursos, pueda jurídicamente, sin incurrir en responsabilidades, violar lo que el Congreso estableció en la ley o bien, establezca las decisiones correspondientes para que las instituciones competentes ya sea el Congreso o Hacienda, otorgue el presupuesto necesario para cumplir.
Por lo tanto, el INE deja claro que no se trata de su falta de compromiso sino de la falta de presupuesto para realizarlo.
No obstante la exigencia del presidente y de otros actores políticos, ni renunciando a todos sus ingresos del 2022 al INE le alcanza para reunir los recursos faltantes en su solicitud de presupuesto para cumplir con los costos de la consulta para revocación de mandato.
Cada integrante del Consejo General tiene un sueldo bruto de 262 mil 634 pesos mensuales y al año el INE invierte 34 millones 667 mil 688 pesos en sueldos, monto que representa apenas el 1.16% de los tres mil millones de pesos que necesitan reunir para el ejercicio.
No basta, como aseguró AMLO, con bajarse el sueldo ni siquiera con renunciar a la totalidad de este. El costo estimado para la consulta, además de la colocación de 161 mil casillas que la ley obliga a que se instalen, así como la instalación y operación de cada casilla; implica un costo global de 23 mil 791 pesos. Mismo que debe incluir también los gastos del material electoral: desde las mamparas, casillas, hojas de resultados, las boletas de votación, los marcadores, la tinta indeleble, hasta el proceso de insaculación y el pago a los capacitadores para las y los funciones de casilla, además de sus viáticos, productos de limpieza y desinfección para el covid-19, entre otros.
En suma, el sueldo anual de todos y todas las consejeras apenas alcanzaría para cubrir mil 457 casillas, el 0.9% de las que se requieren para realizar la revocación de mandato.
Con información de Milenio.
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