El programa representaba una oportunidad para cientos de jóvenes de poblados lejanos para acceder a educación superior.
El programa fue una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, a la fecha se han reportado deficiencias que van desde infraestructura inconclusa hasta despidos injustificados, lo que deja en el limbo la continuidad de jóvenes matriculados.
Tal es el caso de los planteles en Puebla, Michoacán y CDMX, donde se ha denunciado despidos a docentes que se “atrevieron” a exigir mejores condiciones laborales y operativas. Las consecuencias han sido en detrimento de los estudiantes ya que a unas semanas del inicio del ciclo escolar han habido recortes de hasta la mitad del personal docente.
“Muchos creímos en el proyecto, porque reivindicaba la educación en México, pero fuimos despedidos sin ninguna explicación.”
Roberto Arán, excoordinador del plantel de Jopala, Pue.
De acuerdo al gobierno federal las Universidades del Bienestar tienen 100 sedes, no obstante, en el caso de Michoacán, no se cuenta con un plantel aunque la matrícula es de 900 alumnos, los cuales han tenido que tomar clases en el piso.
Raquel Sosa, coordinadora de universidades, aclara que los profesores firman convenios -no contratos- semestrales que pueden ser o no renovados, en el caso de los despidos son resultado de la no acreditación de las evaluaciones de los perfiles requeridos.
“No engañamos a nadie, les decimos cuáles son nuestras condiciones desde el primer día. No ofrecimos una plaza, no creamos esas expectativas. Esta es la forma de ejercicio de los recursos (los convenios) pero no hay ningún engaño, y es una condición para nosotros porque de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Hacendaria no son espacios que sean regularizables (como plazas). Aquí no hay incertidumbre.”
Además de la incertidumbre laboral, hay claras insuficiencias pedagógicas que incluyen programas de estudios inconclusos y regularizaciones impartidas por los propios estudiantes.
En cuanto a infraestructura, el programa recuperó edificios rentados que ya funcionaban desde el 2015 y eran financiados por diputados y senadores de Morena. Precisamente en pagar la renta de las instalaciones se va gran parte del presupuesto destinado.
Luego de tres años del arranque del programa, Sosa defiende la lentitud en su adecuada implementación a que se trata de procesos comunitarios, “lentos pero seguros”.
[Se trata de] procesos de construcción comunitaria y no son hechas por empresas. Seguro que la velocidad de las empresas y la de las comunidades son distintas. Son procesos cuidados, pero más lentos. Además es un esquema que se va construyendo por etapas para llegar hasta 2 mil estudiantes.”
Con información de Animal Político.
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