En un esfuerzo por garantizar la gratuidad de los servicios de salud proporcionados por el programa IMSS-Bienestar, al menos 22 gobiernos estatales en México han tenido que recurrir al endeudamiento. Estas deudas se generan principalmente debido a cirugías y servicios médicos especializados que deben realizarse en instancias externas al programa.
El programa IMSS-Bienestar, que reemplazó al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en 2022, se ha convertido en un pilar fundamental para dotar de servicios médicos y medicinas gratuitas a la población que no cuenta con seguridad social. Esta iniciativa surgió como respuesta al Seguro Popular, que durante administraciones anteriores cobraba cuotas de recuperación a sus beneficiarios.
El mecanismo central del IMSS-Bienestar implica que los gobiernos estatales entregan su infraestructura de salud para que sea administrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de organismos desconcentrados en unidades médicas de primer y segundo nivel. Estas unidades ofrecen servicios médicos sin costo alguno a personas sin seguridad social.
Sin embargo, esta transferencia de responsabilidad no garantiza la atención a todas las personas que la requieren, ya que no todos los hospitales cuentan con servicios de especialidades. Para abordar esta limitación, se han establecido convenios de servicio que permiten a las instituciones derivar a pacientes que necesitan cirugías o servicios especializados a otras instituciones a cambio de una cuota entre las instituciones involucradas, evitando así que el costo recaiga en el paciente.
Parte de la deuda que acumulan los estados proviene de estos convenios para enviar pacientes a instituciones como el ISSSTE o institutos nacionales o regionales de salud cuando no se pueden proporcionar ciertos servicios en los 82 hospitales de segundo nivel del IMSS-Bienestar.
Según el acta de la Cuarta Reunión Nacional de secretarios técnicos de los servicios estatales de salud, celebrada el 23 de febrero de 2023, 22 gobiernos estatales han reportado adeudos con el ISSSTE, el SAT y diversos proveedores. Entre ellos de encuentran: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
Además, otras seis entidades, como Chiapas, Colima, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, han recurrido a la banca de desarrollo o han contraído deudas con las secretarías de finanzas de sus estados para poder mantener la gratuidad en los servicios y medicinas.
El diagnóstico revela que en al menos 13 estados, los pasivos representan el 20% del presupuesto total disponible para la salud. Según la Secretaría de Salud, se estima que 70 millones 895 mil 824 mexicanos no cuentan con servicios médicos ni medicinas, lo que subraya la importancia de estos esfuerzos para mantener la gratuidad en la atención médica y el impacto financiero que esto conlleva para los estados.
Durante la reunión, los secretarios de Salud expresaron su preocupación por la financiación de los servicios proporcionados por el IMSS-Bienestar. Solicitaron al gobierno federal establecer mecanismos que permitan a las entidades cobrar únicamente por servicios prestados cuando haya una referencia médica que justifique la atención, evitando así el cobro a pacientes que no requieran los servicios.
José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California, también señaló que es esencial considerar el impacto de la gratuidad en la atención médica en la eliminación del llamado “gasto de bolsillo,” que es el gasto directo de las familias para cubrir sus necesidades de atención médica.
Andrés Castañeda, de la organización Cero Desabasto, destacó que aunque existen adeudos, el modelo de salud para personas sin seguridad social no está en riesgo. Sin embargo, subrayó la importancia de abordar el desorden administrativo y la falta de reglas de operación adecuadas para el IMSS-Bienestar.
Este problema financiero en el sistema de salud pública se presenta en un momento en que el IMSS-Bienestar ha experimentado un aumento significativo en la demanda de servicios. En 2022, se reportaron 27 mil 854 servicios ofrecidos, incluyendo pediatría, medicina interna, geriatría, gineco-obstetricia y cirugías. Sinaloa lideró con la mayor cantidad de intervenciones, mientras que Chihuahua registró la menor.
El gobierno federal ha propuesto un presupuesto de 138 mil millones de pesos para salud en el proyecto de Presupuesto de la Federación para 2024, con el 93.2% destinado al IMSS-Bienestar. El objetivo es aumentar la capacidad de los servicios de salud y mejorar la infraestructura, el equipamiento, los recursos humanos y el abasto de medicamentos e insumos médicos para garantizar la calidad, gratuidad y oportunidad en la atención médica de la población sin seguridad social.
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Con información de El Sol de México.
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