Denuncian corrupción, robo de información, contrabando, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y sobornos en el SAT
Existe una corrupción enquistada en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Antonio Martínez Dagnino, en donde diversos servidores públicos y exfuncionarios llevan a cabo prácticas como contrabando, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y sobornos.
Fuentes cercanas al SAT revelaron que actualmente hay unas 2 mil 308 personas denunciadas en la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 328 están sometidas a proceso, y el organismo denunció a 272 funcionarios por presuntos actos de corrupción, robo de información, contrabando, entre otros delitos detectados en el organismo durante 2022.
“El SAT presume como la cifra de trabajadores más baja en lo que va de la presente administración, al igual que el segundo descenso anual consecutivo, luego de que entre 2020 y 2021 se presentaron 744 y 696 denuncias, respectivamente, pero la realidad es que sigue existiendo un sentido de corrupción muy fuerte”, confirmó un testigo interno del SAT cuya idendidad pidió no ser relevelada por razones de seguridad hacia su persona y familia.
Recordó que los números oficiales y los boletines de prensa del SAT indican que han detectado faltas por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y sobornos, y que presentó 47 denuncias ante el Organo Interno de Control por responsabilidades administrativas.
Está ampliamente documentado y publicado en la prensa nacional que entre las personas denunciadas, se encuentran quienes llevaban más de 20 años en el SAT y que en dos casos, a pesar de la corrupción que se detectó, estuvieron nombrados para ser magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Se trata de Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos, ex administrador central de Asuntos Penales y Especiales del SAT, entre 2019 y 2021, y Carlos Contreras Segovia, ex administrador desconcentrado Jurídico de la Ciudad de México 1 o antes conocida como Jurídica del Norte del DF, quienes tienen procesos penales abiertos en la FGR por diversos delitos, y que el SAT se conforma con la nota pero no por desarticular al equipo que dejaron dentro y sigue operando, ¿o como creen que consiguen la información para seguir litigando asuntos contra el SAT?”, insistió otra fuente cercana al organismo.
Agregó que en el portal de declaración patrimonial con el folio 200205221418051160026 se encuentra la declaración de 2002 donde Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos estuvo también en Jurídica del Norte del DF, después de 2002 a 2005 fue subadministrador y a partir de 2006 y hasta 2008 se declara como Director y Subadministrador, donde el primer puesto (director) no existió en el SAT ya que el Reglamento Interior no contempla que exista ese cargo, y eso refleja como en esta declaración ya se manejaba información falsa.
Red de corrupción
“En esa Administración se incubo una red de corrupción que trascendería los años y llegaría a otras administraciones del mismo SAT ya que esta persona servidora pública llegó a ser administrador central de Asuntos Penales y Especiales del organismo entre 2019 y 2021 pero antes pasó por más áreas sin que se detectara su irregular actuar”, puntualizó.
Los testigos enfatizaron que la denuncia que se mantiene contra él es porque para el SAT protegió a empresas que trafican en barcos con gasolinas robadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y después simularon con facturas apócrifas que se trata de importaciones de Estados Unidos para vender el combustible en territorio nacional.
“Pero algo que oculta el SAT y que fue planeado por más personas, es que como administrador central de Asuntos Penales y Especiales, las denuncias y querellas que el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda tenía que presentar se retrasaban lo suficiente para que cuando acudieran ante la FGR a presentarlas en contra de los contribuyentes que cometieran delitos, ya se encontraran prescritas o por prescribir, que en términos simples es que dejaban pasar el tiempo o años suficientes para que se extinguiera la acción penal, lo que es el tema oculto del SAT y no quieren se sepa”, dijeron.
Mientras que para el caso de Contreras Segovia, se aseguró que fue despedido porque en sus funciones de atender a grandes contribuyentes y pequeños se dedicaba a alterar documentos para evitar que las empresas pagaran los impuestos correspondientes, esto mientras se encontraba coincidentemente en la Jurídica del Norte del DF, actualmente Administración Desconcentrada Jurídica del DF 1.
Pero no solo es el alterar documentos para evitar que las empresas pagaran los impuestos correspondientes lo que el SAT nunca ha probado.
“De lo que si tiene conocimiento y es verdad, es que en su paso por esa Administración, esta persona dejó de capturar los sistemas del SAT y no se reportaban los juicios y medios de defensa con la información real, porque así se le brindaba apoyo a los contribuyentes y los ayudaban a ganar sus juicios, y los juicios relevantes ni se reportaban a sus superiores”, insistió la voz cercana a los hechos.
Alertó que existe un ejemplo muy fuerte que es el juicio promovido por Carmela Azcárraga Milmo, en contra de la Administración Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, el cumplimiento de Ejecutoria en el Amparo directo en revisión 7472/2019, relacionado con el juicio de amparo Directo D.A. 490/2017, relativo al Juicio Contencioso Administrativo 7882/08-17-01 7/YOTROS4/822/11-S2-06-04 y que fue llevado en su defensa por la Jurídica del Norte del DF, y claro por Contreras Segovia.
“En ese juicio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que el SAT debe efectuar la devolución por 338.9 millones de pesos a los beneficiarios de Carmela Azcárraga Milmo. Sin embargo, negó su petición de que debía hacerle la devolución con las respectivas actualizaciones, con lo cual la suma se hubiera elevado a 1,025 millones 680,576 pesos, y a pesar de la irregular defensa y que no se siguieron las normas internas nadie resulto responsable de ese daño al erario público”, insistió una de las fuentes cercanas al organismo.
Abundó que a pesar que Contreras alteró información y escondió expedientes alterando los sistemas no existen consecuencias ni sanciones, cuando si a una persona de bajo rango se les pasa capturar algo en sistemas o se les va un plazo legal y ya no pueden presentar una contestación de demanda, de inmediato se les pide la renuncia y finca responsabilidad, pero al parecer a los administradores se les sigue un proceso diferente.
Candidatos a magistrados con dudosa reputación
“Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos y Contreras Segovia, junto a otros personajes, que tienen en común que todos formaron parte de la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, usaron sus puestos para beneficios personales, pero tan no existe un control y seguimiento, que el 23 de abril de 2021, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibía un escrito de 12 cuartillas firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde sometía a ratificación del Congreso la designación de siete magistrados de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, reveló un testigo.
Lo delicado de este tema es que en la lista enviada por el primer mandatario al Senado de la República aparecían los nombres de siete abogados: David Alejandro Alpide Tovar, Gabriela Badillo Barradas, José Alfredo Celorio Méndez, Carlos Contreras Segovia, Luis Ángel López Vera, Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos y Julio César Vázquez Cruz, este tema y terna ya fue ampliamente difundido en medios de comunicación, lo que no se precisó nunca es que estaba propuestos para Salas en temas de anticorrupción, siendo una burla o ironía que dice el SAT los persigue por corruptos pero no le avisaron al Presidente y los propuso para que de ganar combatieran lo corrupción.
“Los dos abogados tenían procesos penales abiertos en la FGR por los delitos de delincuencia organizada y corrupción, pero nadie alertó al primer mandatario de que ambos litigantes tenían graves acusaciones de proteger a empresas privadas en el contrabando de combustibles que se hacía por vía marítima y de tener complicidad con contribuyentes para evadir el pago de impuestos, ni le contaron toda la verdad de lo que realmente hicieron en sus cargos y no quieren salga a la luz pública, y tan conservan gente dentro del SAT que siguen escondiendo información a Antonio Martínez Dagnino que no conoce de estos temas por que le son ocultados”, indicó un testigo cercano.
Dijo que incluso se documentó que al Senado sí se le hizo de conocimiento estos grave hechos y el mismo día que sus nombres serían aprobados por el Congreso, el 11 de mayo de 2021, los siete abogados –entre ellos Peregrina Vasconcelos y Contreras Segovia– aguardaban en un cuarto adjunto a la sala de sesiones del Senado, cuando se les avisó que tenían que renunciar a participar en el proceso selectivo, por el motivo de que sus nombres aparecían en expedientes abiertos por delincuencia organizada y otros delitos en la Fiscalía General de la República.
En el documento de 13 cuartillas en poder del Senado de la República se efectuó una breve semblanza de cada postulante, y en el caso de Peregrina Vasconcelos y Contreras Segovia, se indica que laboraron en el SAT, pero nunca se dice que fueron cesados por corrupción.
“Ahora, este cuadro no está completo, ya que también emanado de las filas de la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal se encuentra el Lic. Gildardo Delgado Soto, quien el SAT también terminó separando de su último cargo en la Administración Local Jurídica de Naucalpan, bajo la sospecha de corrupción y perder asuntos a propósito y litigar en contra del propio SAT”, aseguró la fuente.
Agregó que el actual administrador Guadalupe Callado –íntimo amigo del Administrador General Jurídico- está muy callado, y no ha reportado ni logrado armar un caso solido en contra de su antecesor, cuando entre sus últimos pecados tiene una demanda de varios ceros que no contestaron e implicará que el SAT deje de cobrar una cantidad importante, como se ve, existe una vez más, el uso indebido del cargo y funciones, el doble juego de defender al SAT y al contribuyente.
Modus operandi
“Por acción y omisión se ha favorecido a los contribuyentes, como ahora lo sigue haciendo Wendy Karina Cruz Galicia quien también es de la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal y después pasó al área de Donatarias del SAT, quien es la operadora de Gildardo Delgado, y de Peregrina Vasconcelos, alterando documentos y brindando asesoría a contribuyentes para que ganen sus juicios de nulidad al SAT y eviten el pago de impuestos, o persiguiendo a las empresas donatarias para después venderles las estrategias de defensa”, subrayó.
Para las donatarias, aún consciente de errores de aplicación de la Ley por aplicar retroactivamente la misma o no contar con los elementos para ello, emitió cientos de multas en contra de estas personas que ayudan a la Sociedad Civil, y curiosamente muchas de estas empresas después de recibir la ayuda especialidad de Cruz Galicia le ganaron al SAT sus juicios.
“Lo que es obvio porque, algunas donatarias por decir se creaban en 2018 y les pedían cumplir con informes de años anteriores, cuando aún no existían legalmente como empresas o no contaban con la autorización del SAT como donatarias, entonces ¿cómo cumplirían con esas obligaciones si aún no se les daba esa autorización?, y todo esto fue aprobado y firmado por Cruz Galicia, quien tomó ventaja de todo esto, y no solo se beneficiaba de sus relaciones con Gildardo Delgado, y Peregrina Vasconcelos, sino del área que dirige como Administradora, porque existe una gran cantidad de estas multas a donatarias perdidas que fueron responsabilidad de este personaje”, insistió otrs fuente cercana al SAT.
Dijo que incluso su último bono extra que recibe por sus asesorías externas acaba de resolverse el 04 de mayo de 2023, desde la Sala Regional del Golfo Norte, ya que en el juicio de nulidad 2218/10-18-01-4, después de recibir los servicios de Cruz Galicia este contribuyente logró que el SAT y la ANAM le paguen la cantidad de $265,887,171.78 (doscientos sesenta y cinco millones ochocientos ochenta y siete mil ciento setenta y un pesos).
“Ya que como asesora los ayudo a derrotar la defensa del SAT en Tamaulipas, y los fue guiando en los siguientes juicios de amparo e instancias de queja, hasta conseguir este monto por concepto de daños y perjuicios. Pero al parecer el SAT es el único que no se da cuenta de que en la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal se generó, y operó una red de corrupción enorme, que aún subsiste en otras áreas, ya que Contreras Segovia, Rodolfo Peregrina, Gildardo Delgado y Cruz Galicia, todos ellos pertenecieron a esa Administración, y todos tienen el mismo modus operandi, y que dos de ellos aún conservan dentro a quien es su operador y que ha logrado pasar desapercibido. ¿Hasta cuándo?”, concluyó.
