En un desarrollo que más parece sacado de una novela de Kafka que de la gestión de la salud pública, la llamada Megafarmacia, promovida como el pilar de la distribución de medicamentos en México, ha caído en un torbellino de controversias.
De acuerdo con una investigación realizada por El Universal, la estrategia, que pretendía ser una solución a la crónica escasez de fármacos, se ha visto envuelta en un embrollo de faltantes, declaraciones contradictorias y, sorprendentemente, una ausencia total de adquisiciones específicas para su propósito.
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), junto con otras voces de la administración, revelaron una trama en la que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el operador designado de esta gigantesca farmacia, ha recurrido a redistribuir medicamentos ya adquiridos por instituciones de salud federales para “abastecer” su inventario. Es decir que los medicamentos con los que se llenaron los anaqueles de la Megafarmacia para su inauguración fueron tomados de otras instituciones.
Esta maniobra, lejos de ser una compra estratégica adicional, ha consistido simplemente en trasladar existencias desde el ISSSTE, el IMSS y el IMSS-Bienestar hacia la bodega situada en Huehuetoca, Estado de México.
La situación toma matices aún más laberínticos cuando se considera que, según datos obtenidos por solicitud de información, Birmex admite no haber realizado compras especiales de medicamentos para enfrentar el desabasto, contradiciendo las afirmaciones de altos cargos de salud que hablaban de multimillonarias adquisiciones destinadas a surtir la Megafarmacia.
Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, en una declaración que ahora resuena con eco de incredulidad, aseguró en diciembre de 2023 que se habían comprado más de cuatro mil millones de piezas de medicamentos con una inversión de 219 mil millones de pesos para 2024, destinadas específicamente a la Megafarmacia. Sin embargo, Birmex desmiente esta afirmación, dejando en el aire la cuestión de dónde y cómo se gastó realmente ese presupuesto.
Por otro lado, el despliegue logístico para la distribución de los fármacos desde la Megafarmacia parece ser otro cuento de nunca acabar. Pese a las promesas de eficiencia y cobertura nacional, se revela que la infraestructura para el transporte, ya sea aéreo o terrestre, es inexistente. Esto deja a la Megafarmacia sin medios para cumplir con la promesa presidencial de entregar medicamentos en cualquier punto del país en cuestión de horas.
Esta serie de desaciertos no solo expone las grietas en la gestión y planeación del proyecto, sino que también refleja el profundo desajuste entre las expectativas creadas por el gobierno y la realidad operativa. Las instituciones de salud y los derechohabientes, esperanzados en ver una solución al persistente problema del desabasto de medicinas, se enfrentan ahora a un escenario donde las promesas de mejoría parecen diluirse entre la confusión administrativa y la falta de claridad en las estrategias de abastecimiento.
A medida que las voces críticas se alzan para demandar transparencia y respuestas, la Megafarmacia se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta el sistema de salud mexicano: un laberinto de buenas intenciones, caminos sin salida y la incansable búsqueda de soluciones que, hasta ahora, parecen estar siempre a un paso más allá del alcance.
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