La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto de abordar una cuestión fundamental que podría tener un impacto significativo en la sociedad mexicana: la prohibición presidencial de los vapeadores.
El proyecto de sentencia presentado por el ministro Javier Laynez Potisek propone declarar inconstitucional el decreto que impide la circulación y venta de cigarros electrónicos, poniendo en relieve las consecuencias negativas que ha tenido esta medida, especialmente en el mercado negro.
La propuesta del ministro Laynez Potisek argumenta que, en lugar de optar por regulaciones más flexibles relacionadas con el consumo y la venta de cigarros electrónicos, el Ejecutivo Federal eligió la opción más restrictiva, que es la prohibición total. Esto ha tenido repercusiones importantes, siendo una de las más notables el crecimiento del mercado negro de vapeadores.
La prohibición, que inicialmente buscaba controlar el acceso de los jóvenes a los productos relacionados con el vapeo, ha tenido efectos contraproducentes. Ha propiciado un aumento en el mercado negro, donde adolescentes y jóvenes adquieren estos dispositivos de manera ilegal y, en muchos casos, de dudosa procedencia.
La empresa restaurantera “Gastronómica Teopanzolco”, al presentar un juicio de amparo, argumenta que la prohibición afecta su derecho a la libertad de comercio. Sin embargo, el impacto social de esta medida va más allá de las consideraciones comerciales. La posible revocación de la prohibición podría representar no solo un avance en términos de libertades individuales, sino también un esfuerzo por mitigar las consecuencias negativas que ha tenido en la sociedad mexicana.
Un aspecto crucial que destaca el proyecto de sentencia es la liberación potencial de adolescentes y jóvenes del mercado negro de vapeadores, que se ha fortalecido a raíz de la prohibición. Esto abriría la puerta a alternativas más reguladas y seguras, alejando a la juventud de las redes de la delincuencia organizada.
La sentencia, de aprobarse, no solo sería un paso significativo hacia la protección de las libertades individuales, sino también una medida importante para salvaguardar la salud y el bienestar de la juventud mexicana, ofreciéndoles opciones más seguras y reguladas en lugar de exponerlos al mercado negro.
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