En el país han surgido grupos de autodefensa que, armados precariamente, se han organizado para proteger sus tierras y comunidades.
Pobladores de municipios pequeños, rurales y de hasta colonias clasemedieras han creado grupos de autodefensas que, ante un claro vacío de autoridad, se han visto en la extrema necesidad de armarse para proteger sus tierras, hogares y comunidad.
En la zona de la parte baja de la Montaña y de la Costa Chica, hay muchos municipios que sólo cuentan con 3 o 4 personas, insuficientes para garantizar seguridad y tranquilidad a las y los pobladores. Los primeros ejercicios de ajusticiamiento desde la iniciativa ciudadana dio como resultado la Policía Comunitaria en 1995. Esta comenzó por entregar delincuentes al Ministerio Público, pero ante la impunidad se organizó la Asamblea General de las Comunidades.
En el Comité de Autoridades Indígenas o como se conoce hoy CRAC, se imparte justicia. La pena que determina el Consejo de autoridades de la comunidad es por lo regular trabajo comunitario.
La CRAC-PC opera en 210 comunidades de 29 municipios de Guerrero, la mayoría en la Costa Chica y la Montaña; cada pueblo tiene 12 policías comunitarios, elegidos por la comunidad. Se estima que 2 mil 500 elementos están dedicados a la seguridad, armados con rifles calibre 22, escopetas y pistola de bajo calibre. Esta organización se encuentra bajo la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.
En Xalapa, hay un barrio que se llama La Palma en el que vecinos tuvieron que armarse con palos, machetes y piedras para defender sus hogares del robo a casa-habitación que se ha convertido el pan de cada día.
Este barrio está ubicado en una de las zonas más pobres de la capital del estado, los líderes que tomaron predios para la construcción de esos conjuntos habitacionales mantienen hostilidades y en las colonias vecinas han adoptado a nueva gente para seguir habitando la zona, muchos de ellos completos desconocidos.
Entre la inseguridad, se reportan muchos casos de acoso a menores y robos de pertenencias. Ante la pasividad de autoridades y líderes, han conformado una organización que se comunica por WhatsApp para salir a cazar a los delincuentes.
La amenaza de linchamiento está más que presente en el valle de Toluca, Estado de México. Decenas de mantas se alzan en municipios como Metepec, Almoloya de Juárez, Lerma, Ocoyoacac, Zinacantepec y Mexicaltzingo para advertir a delincuentes que en caso de ser capturados por vecinos, serán linchados.
Al igual que en Xalapa, vecinos de las colonias circundantes se comunican para alertar sobre la presencia de sujetos sospechosos. Incluso las campanas de las Iglesias sirven como alarmas y, sin esperar que lleguen las autoridades, actúan.
Los principales delitos a los que se enfrentan son robo a transeúnte, cristalazos e incursiones a vivienda.
León tampoco se salva de la ola de violencia que azota el país, no se trata sólo de delitos del fuero común, sino que han habido reportes de delitos del fuero federal a partir de hallazgos de miembros humanos en bolsas.
Por citar un ejemplo, en el fraccionamiento Real del Bosque II se han cerrado calles y colocado mantas de advertencias. Asimismo, a falta de armas, los vecinos han levantado bardas e instalado circuitos de video cerrado para mayor vigilancia. Sin importar que se corte el libre tránsito, los colonos están decididos a tomar acciones por cuenta propia al no obtener ningún tipo de resultado de las autoridades.
Un estado convulsionado por las confrontaciones entre cárteles de droga por el control de los territorios clave para el contrabando; la población que habita en los municipios de tierra caliente han vivido desplazamientos, aislamiento y son blanco de reclutamiento forzado al servicio del narco.
En las regiones aguacateras de Uruapan, Tancítaro, Los Reyes, Peribán, Ario de Rosales y Salvador Escalante, los cárteles locales han echado mano del secuestro y extorsión contra productores, quienes llevan años pagando para no ser privados de su libertad o asesinados.
A pesar de la extensa documentación de casos y las infinitas demandas por seguridad, las autoridades de los tres niveles de gobierno se han visto rebasadas. Es en este contexto que los grupos de autodefensa han cobrado fuerza. Decenas de comuneros adquirieron armas e instalaron barricadas para impedir el paso de criminales a por lo menos 20 pueblos. La estrategia funcionó y en esa región siguen operando grupos de civiles armados que cuidan sus caminos, carreteras y huertas.
En cuatro comunidades indígenas del municipio de Los Reyes, operan desde 2013, pobladores armados que formaron las Rondas Comunitarias para defenderse del grupo criminal Los Caballeros Templarios y ahora del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los Pueblos Unidos, grupo de reciente creación, cuentan con más de 3 mil hombres para cuidar 54 barricadas instaladas en los municipios de Ario de Rosales, Taretan, Nuevo Urecho y Salvador Escalante. Cerca de mil hombres vigilan, en turnos de 12 horas, los principales accesos a 20 comunidades; de las 54 barricadas, al menos 10 cuentan con fortines de piedra volcánica y concreto; están armados con AK-47, AR-15 y pistolas de uso reservado al Ejército.
En Tijuana, se presenta el mismo caso que en Xalapa y Toluca. Las mantas de vecinos vigilantes que linchan sin previo aviso, están colocadas con la esperanza de disuadir a criminales de cometer cualquier tipo de delitos con tal de conseguir droga o dinero para comida, ya que de la cárcel municipal preventiva, ladrones y drogadictos son encerrados y liberados en tan solo 24, 48 o 72 horas.
Las víctimas más cercanas son los vecinos de “la 20”, quienes no se tientan el corazón y ya han protagonizado la muerte a golpes de un preso liberado de dicha cárcel.
La Guardia Ciudadana Vistas Terranova surgió como respuesta ciudadana ante la omisión de las autoridades que no han podido resolver casos como desapariciones de colonos y la presencia de un violador serial.
La agrupación como tal surgió en el año 2012. Fue a raíz de los ataques de un violador serial, pero nosotros ya nos habíamos organizado porque en el 2011 muchos vecinos salían y ya nunca regresaban a su casa.”
Sergio Rey González, activista y fundador.
Entre los principales afectados están trabajadores, obreros y migrantes. Si bien en un principio sólo pudieron armarse con machetes y su rabia, fueron reprimidos hasta 2015 que, ante la indiferencia del presidente municipal Rodolfo Ambriz, ganaron fuerza y notoriedad.
A la par, surgió un grupo de mujeres que se llaman Silbateras, quienes vigilan las calles de las colonias y accionan sus silbatos en caso de cualquier emergencia.
Había 20 enmachetadas la primera noche que surgió el grupo porque una de ellas había sido brutalmente violada y cortada en sus partes íntimas y al otro día era la primera comunión de su hija.”
Con información de Excelsior.
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