Desde 2018 hasta la fecha, México ha sido testigo de una preocupante tendencia: un total de 1,757 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra políticos, funcionarios y estructuras gubernamentales, evidenciando una estrategia de intimidación por parte del crimen organizado. Esta escalada de violencia busca influir en la esfera pública de estados y municipios, poniendo a prueba la fortaleza de la democracia en el país.
La alarmante cifra fue revelada por investigadores de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes afirman que “no existe la democracia donde impera el miedo”. La iniciativa “Votar entre Balas” se propone documentar y analizar este fenómeno que amenaza la democracia mexicana en cada jornada electoral.
La mayoría de las víctimas, el 77.8%, han sido hombres. Un 9.1% eran candidatos al momento del ataque, el 48.3% ocupaban cargos públicos, y el 7.8% eran familiares de funcionarios o personas vinculadas al ámbito político. Los estados de Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca se encuentran en la cima de la lista con el mayor número de incidentes, sumando un 38.4% del total de eventos violentos. A nivel municipal, Tijuana encabeza la lista, seguido de Celaya, Chilpancingo de los Bravo y Taxco de Alarcón.
Este año, marcado por elecciones en las que se elegirán desde la presidencia hasta alcaldías, ha visto ya la trágica cifra de 24 candidatos asesinados, según un recuento hecho por El Informador. Entre ellos se destaca el reciente asesinato de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya.
Este suceso no solo subraya la continua amenaza de la violencia electoral, sino que también resalta la contradicción entre la percepción de seguridad gubernamental y la realidad en el terreno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante estos sucesos, asegura que tanto el proceso electoral como la transición presidencial serán pacíficos, pese a las evidentes tensiones.
Durante su conferencia mañanera, reconoció el dolor que causan estos asesinatos pero insistió en la capacidad de superación del país. Además, destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, su gobierno no mantiene relaciones de complicidad con el crimen organizado, marcando un distanciamiento de la “asociación delictiva” que, según él, caracterizaba a pasadas gestiones.
Este panorama de violencia electoral plantea serios desafíos para la democracia mexicana, poniendo en evidencia la necesidad de estrategias efectivas para garantizar la seguridad de los participantes en el proceso electoral y, por ende, la integridad de la democracia en México. La comunidad internacional, así como las instituciones nacionales, permanecen atentas a cómo se desarrollará este crucial año electoral en medio de una persistente inseguridad.
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