El nuevo gobernador de Michoacán denunció a Silvano Aureoles por asignar a 424 policías labores de choferes, asistentes, secretarios particulares y empleados domésticos de funcionarios, familiares, amigos y empresarios.
El morenista Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador entrante de Michoacán, acusó a su antecesor, Silvano Aureoles, de emplear a 424 policías como choferes, asistentes, secretarios particulares y empleados domésticos de funcionarios, familiares, amigos y empresarios. “Mientras que en Aguililla y Tepalcatepec hay una situación complicada y ahí es donde debe estar la policía”, criticó Ramírez Bedolla.
Además, señaló que, del total de elementos de seguridad que llevaban a cabo este tipo de actividades, 186 se encargaban del resguardo de las oficinas y la Casa de Gobierno, para salvaguardar la seguridad de Aureoles y su familia. El nuevo gobernador señaló que sí tendrá un equipo de escoltas, pero no llegará a será una cantidad exagerada, pues “es una pena que los elementos de Seguridad Pública aparte de hacer labores de guardaespaldas, también los hayan utilizado como choferes, asistentes, secretarios particulares y hasta como trabajadores domésticos”, reportó el diario La Jornada.
El gobernador Alfredo Ramírez aceptó que hay funcionarios que requieren de escoltas, pero señaló que se revisarán quiénes les podrán ser asignados. Aseguró que su gobierno emitirá un nuevo reglamento interno con el que se podrá determinar cuál funcionario requiere seguridad particular. Además, informó que se llevarán a cabo auditorías para transparentar el uso de recursos del gobierno anterior en materia de seguridad.
Desde principios de mes ha denunciado que hay mil millones de pesos asignados para 2021 cuyo destino se desconoce, además de deudas por 735 millones de pesos. En relación con el presupuesto que se asignó a la seguridad pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretario de Seguridad Pública del estado (SSP), denunció la administración anterior rentó cinco helicópteros y un avión durante seis años por un monto de 1,227.86 millones de pesos a una empresa con apenas 14 días de haber sido constituida: más de 600 mil pesos diarios y 218 millones de pesos por año de renta.
También se denunciaron las condiciones del nuevo Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control e Inteligencia (C5I), el cual inició sus operaciones en septiembre de 2019. La administración entrante señala que hay goteras en las instalaciones y el 30% de las poco más de 6 mil videocámaras no funcionan.
Con información de La Jornada
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